Podemos considera un "ataque a las personas más vulnerables" el recurso de la Ley contra la Exclusión Social extremeña

   MÉRIDA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Podemos Extremadura ha considerado que el anuncio realizado por el Gobierno central de que va a recurrir ante los tribunales algunos preceptos de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social de la región supone un nuevo "ataque a las personas más vulnerables" de la comunidad.

   Así lo ha valorado la presidenta del Grupo Parlamentario Podemos Extremadura, Irene de Miguel, tras conocerse la decisión del Ejecutivo de Rajoy de recurrir una normativa que es "muy importante" para la comunidad, en palabras de la diputada extremeña.

   Asimismo, De Miguel ha considerado que la norma supone un "gran avance para luchar contra la desigualdad", por lo que su partido no entiende que se interponga un recurso ante una ley que "lo que pretende es mejorar la vida de las personas más vulnerables", según ha informado Podemos en nota de prensa.

   La actitud del Gobierno central en relación a esta normativa autonómica supone para Podemos "una falta total de sensibilidad con las personas que peor lo están pasando", según ha lamentado Irene de Miguel, antes de exigir al "señor Vara que tome todas las medidas" necesarias "para demostrar" al Ejecutivo central la oposición desde la comunidad a las políticas que maltratan" y "humillan una vez más a Extremadura" por parte del PP.

   "Creemos, además, que es imposible que una ley de este calado ponga en peligro la unidad territorial del Estado", según ha resaltado la diputada de Podemos Extremadura, quien ha reprochado la actitud del Gobierno de Rajoy, que en vez de recurrir "leyes justas" para la ciudadanía ante los tribunales podía emplear "otros mecanismos" para facilitar la promulgación de "leyes sociales" que resultan "tan importantes para comunidades como Extremadura".

   Cabe recordar que la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, que busca "proteger" la salud, el acceso a la vivienda, además de asegurar unos mínimos vitales, fue aprobada en la Asamblea de Extremadura el pasado mes de julio con los votos favorables de Podemos y el PSOE.