El PP pide al Estado que "revise" los Presupuestos de la Diputación de Cáceres por si procede anularlos

CÁCERES 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Diputación de Cáceres va a presentar, en los próximos días, un escrito ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, para pedir a la Administración General del Estado que "revise" los Presupuestos de la institución provincial para 2017, por entender que incumplen el ordenamiento jurídico en varios asuntos y por si procede anular las cuentas.

El portavoz 'popular', Alfredo Aguilera, ha asegurado este martes que su petición a que un abogado del Estado analice los presupuestos se basa en varios incumplimientos legales como el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que establece una subida máxima de la masa salarial del 1 por ciento, y, en este caso, se propone un incremento de retribuciones de forma generalizada del 12,12 por ciento, "lo que está prohibido por ley", ha dicho.

Igualmente se incrementan retribuciones complementarias sin previo estudio de valoración ni valoración objetiva y se incumple también el artículo 19.4, pues "se crean nuevas plazas que exceden la tasa de reposición", ya que se crean 30 nuevos puestos de trabajo y se amortizan solo 7.

"Además se incumple el plan económico financiero aprobado por la diputación en junio. Se sustraen competencias exclusivas del Pleno a favor de la presidenta y se pretende evitar el control y fiscalización de los funcionarios, sustrayendo sus funciones para dárselas a cargos directivos nombrados a dedo", subrayó el portavoz.

Por todo ello, el PP instará a la Administración General del Estado a que "intervenga en la fiscalización del presupuesto" y, si procede, impugne las cuentas provinciales o las corrija. En caso de que la diputación haga caso omiso, los 'populares' acudirán a la vía contencioso-administrativa.

En su comparecencia, Aguilera ha recordado que este martes terminaba el plazo para presentar alegaciones a los presupuestos que fueron aprobados el pasado mes de diciembre de forma inicial. El PP ha decidido, "por solidaridad", no presentar alegaciones para que estos puedan entrar en vigor y no se ralenticen las inversiones previstas en los pueblos.

No obstante, el portavoz insiste en que "algo había que hacer" ante unos presupuestos que fueron aprobados por el equipo de Gobierno con "un montón de informes en contra". "Por eso, por responsabilidad, acudimos al Estado para se pronuncie sobre la legalidad o la nulidad de las cuentas", insiste Aguilera.

"Lo hacemos por coherencia política porque, como representantes públicos, tenemos que velar por el ordenamiento jurídico y creemos que se está incumpliendo", recalcó al tiempo que añade que también se ha tomado esta decisión por "principios políticos", ya que el PP apuesta por reducir el gasto de personal y "dedicar ese dinero a los pueblos de la provincia".