MÉRIDA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización agraria La Unión de Extremadura ha anunciado este jueves que presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra las industrias transformadoras de tomate de la región por "prácticas anticompetitivas", ya que "tienen previsto bajar el precio de este producto, de los 72 euros por tonelada que pagaron el año pasado a los 69 euros" para este año.
De eta forma se ha pronunciado el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, en una rueda de prensa en Mérida en la que ha explicado que el producir un kilo de tomate esta campaña "va a ser más caro para el agricultor", ya que se están encareciendo los costes de producción, tanto los combustibles como fitosanitarios o fertilizantes, por lo que ha calculado que "el precio de referencia a la hora de negociar con las industrias era de 84,40 € por tonelada".
Así, añade Cortés que el precio del mercado internacional del concentrado "apenas ha sufrido modificaciones este año" y ha recordado que algunas industrias que operan en el sector "han liquidado a los productores los tomates del año 2016, con este mercado internacional del concentrado, a 85 euros por tonelada", según informa La Unión en nota de prensa.
Por este motivo, la organización ha considerado que "no tiene ningún sentido" que la industria transformadora "imponga para esta campaña una reducción de tres por tonelada", y señala que "tampoco tendría ningún sentido" que individualmente estas industrias hayan llegado al convencimiento de esta bajada de precios.
"Otra cosa distinta es que se hayan puesto de acuerdo para reducir este precio", ha señalado la organización, quien ha recordado que el 50 por ciento de las industrias transformadoras de Extremadura "son de propiedad de una familia que es la que marca los precios y el resto de industrias siguen las consignas de esta familia".
Ante esta situación, ha avanzado que la Unión de Extremadura va a presentar un escrito de Denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por entender que "se pudiesen estar produciendo dos prácticas ilegales" por parte de estas industrias, como son por un lado la "conducta anticompetitiva", así como la "concentración entre empresas".
A su juicio, "se podrían estar vulnerando los artículos 1.a, 1.b y el artículo 2.a, 2.b de la Ley 15/2007 y los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", señala.
Finalmente, la organización ha instado a las industrias a "negociar un precio justo" del producto y a "no seguir poniéndose de acuerdo para bajar los precios", y ha pedido a las agrupaciones de productores a "no vender ni un solo tomate a los precios miserables que proponen de manera irregular estas industrias".
Ha advertido además de que si las industrias no cejan en su presión sobre los productores, la Unión de Extremadura se manifestará ante las puertas éstas fábricas para reclamar un "precio digno para los tomates extremeños".