España debe mejorar protocolos contra incendios y la seguridad de los bomberos, según FECYT y Congreso

Avisa de que el material particulado fino, el dióxido de nitrógeno y el ozono causan unas 24.200 muertes prematuras al año en España

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

España tiene margen de mejora en los protocolos de trabajo para combatir los incendios forestales, la actualización de los medios aéreos, el uso del fuego técnico y la mejora en las condiciones de trabajo y la seguridad de los equipos de bomberos.

Así lo refleja el estudio 'Incendios forestales y restauración de zonas quemadas. Prevención, extinción y gestión posterior en España' elaborado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, a la que asesora la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a partir de 325 documentos y la consulta a 18 expertos en la materia.

Aunque el número de incendios en España está descendiendo, el informe advierte de que el área promedio afectada por grandes incendios forestales está aumentando, "con importantes consecuencias ecológicas, ambientales, sociales y económicas". El aumento del riesgo hace que los incendios "se hayan convertido en un problema social y ecológico de primer orden", que implica pérdida de vidas, efectos en la salud y emisiones, e impactos en los ecosistemas.

En España la extensión forestal ha aumentado a lo largo del siglo XX por las reforestaciones llevadas a cabo desde los años 1940 y por la recuperación natural derivada de la progresiva despoblación del medio rural. Algunas de estas masas forestales (muchas arbustivas o arbolado joven) tienen una elevada continuidad y carga de combustible, y pueden favorecer grandes incendios, más difíciles de apagar.

Para los científicos del Congreso, la gestión de los incendios debe conllevar la adaptación de los ecosistemas, paisajes y la sociedad a un aumento en la probabilidad de fuego, por ejemplo, generando paisajes en mosaico, fomentando el desarrollo rural y el pastoreo, promoviendo aquellas especies con mayor capacidad de regeneración, y ampliando los programas de protección para especies sensibles al fuego.

La comunidad experta aboga por integrar las estrategias de prevención y mitigación de los efectos negativos de los incendios, la conservación de la biodiversidad, y el desarrollo rural, dado que España "es uno de los países con un mayor patrimonio natural, y muchas áreas protegidas se están viendo afectadas por importantes incendios".

La investigación concluye que restaurar áreas quemadas, tanto de forma activa como promoviendo la regeneración natural, "es una oportunidad para fomentar ecosistemas y paisajes adaptados y sostenibles a las predicciones climáticas y nuevos regímenes de fuego que puedan darse en las próximas décadas".

En un contexto de despoblación rural, mejorar la gobernanza y el tejido social y productivo, así como mejorar los programas educativos en materia de incendios en las zonas rurales, permite, según refleja el documento, aumentar la resiliencia socio-ecológica frente a los incendios y lograr una gestión integral del territorio y que todos los actores sean parte de las soluciones y de las medidas de gestión que se implementen.

Aunque las competencias en gestión forestal y extinción están transferidas a las comunidades autónomas, los expertos defienden que el abordaje de la problemática debe considerar distintas políticas sectoriales y niveles administrativos: desde lo local a lo estatal y europeo, e incluyendo actores tanto públicos como privados.

"Las decisiones que se tomen hoy en diversas políticas sectoriales que afectan al territorio de forma directa o indirecta, determinarán el régimen de incendios dentro de varias décadas, siendo la falta de acción política la decisión con mayores impactos negativos", concluye el informe.

CALIDAD DEL AIRE: AVANCES Y MEJORES PRÁCTICAS

La Oficina C también ha publicado el informe 'Calidad del aire: Avances y mejores prácticas', en el que alerta de que la contaminación del aire causa problemas de salud pública, medio ambientales, desigualdad y constriñe la economía en todo el mundo. En España, sólo tres de los múltiples contaminantes que definen la calidad del aire, el material particulado fino, el dióxido de nitrógeno y el ozono, causan unas 17.000, 4.800 y 2.400 muertes prematuras al año.

A nivel medioambiental, la mala calidad del aire provoca pérdida de biodiversidad y baja productividad agrícola. Su impacto económico se estima entre 30.000 y 50.000 millones de euros para 2030.

Los expertos reconocen que la calidad del aire ha mejorado en Europa y España gracias a las políticas públicas aplicadas, pero señalan que el avance "es insuficiente". Precisamente, afirman que la presencia de partículas, seguidas por el dióxido de nitrógeno y en último lugar el ozono "son los responsables de los principales efectos negativos sobre la salud".

"Los altos niveles de ozono suponen un desafío clave en el contexto español", avisa el informe, que destaca que buena parte del territorio español y de la Unión Europea supera ampliamente los niveles de contaminación del aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud, más estrictos que la actual normativa (que también se incumple en algunos parámetros).

España cuenta con una red de vigilancia de calidad del aire, que cumple con los requisitos de las Directivas Comunitarias, y es adecuada a los estándares internacionales. Igualmente, existen avances científicos y mejoras técnicas que pueden ser de interés para reforzar las tareas de vigilancia y protección.

Entre las intervenciones para la mejora de la calidad del aire giran en torno a diversos sectores responsables de las emisiones contaminantes, el documento destaca las intervenciones para reducir las emisiones derivadas del tráfico, del sector residencial, comercial e institucional, del industrial y el agrícola.

También puntualiza que existen medidas tecnológicas que pueden ayudar a mejorar el problema en todos los sectores, pero "son insuficientes por sí solas". "Son necesarias intervenciones sociales orientadas a rediseñar el espacio urbano y el papel ciudadano", apostilla.

Para los científicos, una comunicación efectiva entre los distintos actores "puede favorecer el compromiso y colaboración de la ciudadanía en el desarrollo y concreción de las políticas públicas".

La revisión de la actual directiva europea se orienta a aumentar la protección de la salud pública, reforzar la vigilancia, mejorar el acceso a la justicia para promover el derecho a un aire limpio y multiplicar el potencial de los mecanismos de información ciudadana.