El 100% de los estibadores del puerto de Vigo secunda la huelga

VIGO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha lamentado "muchísimo" la huelga convocada por los trabajadores de la estiba, pues supone un "daño grave" para el puerto; y ha comunicado que la movilización ha sido secundada por el 100 por cien de estibadores y hasta el momento no ha producido "ninguna alteración más allá del ejercicio legítimo de la huelga".

Tal y como ha comunicado en declaraciones a los medios este lunes, en el que se desarrolla el primer día de huelga, el plan de contingencias está "funcionando" y la situación está controlada en Vigo, donde en esta jornada se están atendiendo dos buques ro-ro. En concreto, el personal para durante las horas impares y trabaja en las horas pares, con rendimientos "hasta ahora normales".

López Veiga, que ha agradecido que los trabajadores estén teniendo "una conducta responsable", ha lamentado que la huelga haya seguido adelante, y ha apuntado que "no es un daño a la autoridad portuaria, eso es lo de menos, sino sobre todo a ciudades y puertos como el de Vigo, porque un día o dos se resienten pero no es mucho, pero el --calendario-- anunciado no es razonable".

En este sentido, ha puesto en relieve que "simplemente anunciar que va a haber un montón de días --de huelga-- hace daño" y tiene "sus consecuencias", a colación de lo que ha comentado que "la Constitución dice que el respeto de huelga se respeta, pero los servicios esenciales no se pueden ver amenazados, y la economía de un país no puede estar sujeta a la acción de un colectivo".

De esta manera, ha explicado que si las empresas no tienen la garantía de poder entrar en un puerto y descargar en un tiempo preciso, "escogen puertos alternativos". "Nosotros tenemos Portugal al lado, y por el Mediterráneo está Francia, Italia y Tánger Med, y un exceso de conflictividad e incertidumbre llega a producir desvíos de tráfico que luego es muy difícil recuperar", ha sellado.

REANUDAR LA NEGOCIACIÓN

López Veiga ha insistido en que la aprobación del decreto era "una obligación inexorable" y "la liberalización del sistema de estiba es un hecho", no obstante, ha aseverado que con ello "no se va a prescindir" del colectivo de la estiba. "Nadie en su sano juicio prescinde de un colectivo formado, lo que sí se pide es que se adapten a la nueva situación", ha apostillado.

Así las cosas, aunque ha dicho que "se puede entender que el colectivo que está tenga prerrogativas especiales", ha considerado que no hay "razones para romper las negociaciones de esta manera y señalar un calendario de huelgas que hace daño", por lo que ha instado a todas las partes a "sentarse otra vez a negociar".

ESTIBADORES

Por su parte, el presidente del comité, Manuel Río, ha refrendado que la totalidad de la plantilla --110 trabajadores en Vigo-- hace seguimiento de la huelga este lunes, lo que se repite "en todos los puertos" gallegos; y ha mantenido que la huelga no es conflictiva, por lo que ha comentado que no es necesaria la presencia de la Policía Nacional.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz ha reconocido que la sentencia europea "hay que cumplirla", si bien ha censurado que a partir de ahí se quiera "echar a 6.000 trabajadores a la calle para contratar a otros más baratos". Un contexto en el que ha incidido en que Gobierno y patronal tenían que "haberse sentado y haber negociado", pero "hay otros intereses que prevalecen".

Río ha comunicado que, a lo largo de esta primera jornada de huelga no han tenido "noticias de la patronal", por lo que se encuentran en "una especie de vacío" y "a expensas de si hay movimientos a nivel nacional". Entre tanto, ha asegurado que seguirán con el calendario de movilizaciones, que, ha señalado, "a nadie le gusta, pero es que no quedó otro camino".

Finalmente, el estibador se ha referido a la compra por parte de la multinacional china Cosco a JP Morgan de la operadora portuaria de España Noatum, lo que ha vinculado al nuevo decreto y a "las ganas del Gobierno de privatizar todos los puertos o venderlos" y supone, en su opinión, "acabar con todos los derechos de los trabajadores" en un sector que "da ganancias millonarias".