Acouga se persona en las diligencias previas ante el Juzgado de Madrid en defensa de los accionistas gallegos de Popular

La asociación busca "dar soluciones" desde Galicia y luchará por conseguir indemnizaciones para los afectados

A CORUÑA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga), con el objetivo de "dar una solución" a los accionistas gallegos del Banco Popular, se ha personado en los trámites de diligencias previas en relación a la investigación por la Venta del Banco Popular ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid.

En rueda de prensa, el presidente de la asociación, Manuel Pérez; su vicepresidente, Xosé Miguel Caride; y el secretario general de la entidad, Xoán Antón Pérez-Lema, han dado a conocer las actuaciones admitidas a trámite ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid en defensa de los accionistas gallegos del Banco Popular.

En concreto, sus acciones se centran en defender a aquellos que adquirieron acciones de esa entidad financiera antes y después de la ampliación de capital de junio de 2016. Hasta el momento, Acouga ha atendido 2.000 consultas de personas afectadas por este proceso.

Ya en julio, nada más conocerse la compra por 1 euro por parte de Santander, Acouga recomendó no suscribir lo que consideraba "bonos trampa" ofertados por el banco a los clientes minoristas del Popular que compraron acciones en la ampliación de capital de esa entidad en el año 2016 o deberes subordinados en 2011 y perdieron el total de la inversión tras la adquisición por la corporación financiera que dirige Ana Botín.

"QUE LA GENTE COBRE"

"Priorizamos la indemnización, queremos que la gente cobre. También continuaremos ejerciendo la acción penal, pero estamos para que cobren los consumidores gallegos", ha explicado Pérez-Lema, que insiste en que desde Acouga facilitan este instrumento para "conseguir de manera colectiva" indemnizaciones para los afectados gallegos.

Y es que, según ha indicado, este procedimiento bancario tuvo un "impacto importante en toda la economía de Galicia", afectando tanto a grandes como a pequeños accionistas.

"El proceso será largo, unos 2 o 3 años", vaticina Pérez-Lema, quien hace un llamamiento a los afectados a que acudan a esta asociación, que, frente a otra entidades que tienen su centro de decisión "lejos" de Galicia, ofrece "dar una solución desde aquí" a los accionistas gallegos.