Los acusados de intentar robar cocaína a dos traficantes niegan los hechos

El guardia civil involucrado justifica su intervención por un supuesto 'chivatazo' de un miembro del 'clan de los Morones'

VIGO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los acusados de formar parte de un grupo organizado dedicado a la venta de drogas y de intentar robar medio kilo de cocaína a otros dos traficantes, han negado los hechos y han cuestionado la legalidad de las escuchas telefónicas que acabaron con sus detenciones.

Así lo han manifestado en el juicio que se ha iniciado este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (sede de Vigo), en el que se procesa a Marino G.J. (miembro del 'clan de los Morones'), al guardia civil Enrique P.M.; a Marcos G.B.; a Alfredo I.G.; a Alfonso P.C.; a Modesto D.A.; y a Benito O.O.

Según sostiene la Fiscalía, los cinco primeros forman parte de un grupo organizado, liderado por Marino, que se dedicaba al tráfico de drogas. Así, señala que este grupo concertó un encuentro con Modesto y Benito para la adquisición y transporte de medio kilo de cocaína; y que prepararon un control ficticio de la Guardia Civil, con ayuda del guardia Enrique P.M., amigo de Marino, y con la finalidad de apropiarse de la droga sin pagarla.

Sin embargo, en su declaración, Marino G.J., ha negado dedicarse al tráfico de drogas, y ha señalado que su sustento económico es su actividad en los mercadillos ambulantes, y la compraventa ocasional de vehículos. Asimismo, ha asegurado que el arma localizada en su domicilio pertenece a un amigo, que es también propietario de la vivienda y que guarda cosas de su propiedad en una las habitaciones registradas por la Policía.

Este acusado, quien ha reconocido que tiene problemas de adicción a las drogas, también ha precisado que no reconoce como suya la voz grabada en las escuchas telefónicas realizadas en el marco de esta investigación.

'CHIVATAZO'

Por otra parte, el guardia civil procesado ha reconocido su amistad con Marino G.J., y ha indicado que su participación en los hechos investigados tiene su origen en un 'chivatazo' del propio Marino.

Según ha relatado ante el tribunal, el joven 'morón' le informó sobre un supuesto transporte de droga y él se dispuso a realizar un control policial para confirmarlo, pero no advirtió a sus superiores jerárquicos porque no dio total credibilidad al 'chivatazo', ya que "Marino es buena persona pero es un poco fantasma".

En todo caso, Enrique P.M. negó en todo momento formar parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas, y ha justificado las conversaciones telefónicas con el supuesto cabecilla del grupo (en las que hablaban de cómo sería el transporte de la droga, la ruta, las características de coche, y otros detalles) porque tenía que "seguirle la corriente".

"No tengo nada que ocultar. No hice nada que no tuviera que hacer", ha insistido el agente, quien ha asegurado que, el día en que fue detenido, en la gasolinera donde dio el alto al coche de los traficantes, ya se había percatado de la presencia de la Policía Nacional. "Si tuviera algo que ocultar me hubiera marchado", ha abundado.

OTROS ACUSADOS

Con respecto al resto de acusados, Alfredo I.G., se ha limitado a señalar que su relación con Marino es servirle de conductor y ha negado conocer nada relativo al tráfico de drogas. Del mismo modo, Alfonso P.C. ha indicado que su participación en los hechos se limitó a llevar a otro acusado, Marcos G.B., a Poio (donde supuestamente había quedado con Modesto y Benito para adquirir la droga), y luego se volvió a su casa.

En la misma línea, Benito O.O. ha relatado ante el tribunal que el día de autos recogió a su amigo Modesto y a Marcos en Poio, y los llevó, siguiendo sus indicaciones, hacia Mos. Según ha explicado, Modesto llevaba una bolsa, pero ha insistido en que desconocía su contenido. "Yo no sabía que había droga. Me engañó, me arruinó la vida", ha lamentado.

Finalmente, tanto Modesto D.A., como Marcos G.B., han evitado dar explicaciones de su supuesta participación en los hechos. Simplemente, y a preguntas de su defensa, han reconocido ser consumidores habituales de estupefacientes, y han afirmado que, en el momento de los hechos, estaban bajo los efectos de las drogas.

INCIDENTE DE NULIDAD

Por otra parte, las defensas de los acusados han reclamado la nulidad de las actuaciones, por considerar que las intervenciones telefónicas practicadas durante la investigación fueron irregulares.

Así, el letrado de Marino G.J. ha subrayado que los 'pinchazos' telefónicos se basaron en informes policiales relacionados con la investigación a otras personas (que sí tienen vínculos familiares con los 'Morones'). A ese respecto, ha apuntado que la Udyco se refiere al tráfico de drogas, al uso de negocios de compraventa de oro como "tapaderas", a la ostentación de riquezas sin base a ingresos justificables, o a la extorsión y amenazas a vendedores en los mercadillos, "todo meras especulaciones".

Además, ha denunciado también una supuesta vulneración de las normas de reparto de competencia y ha acusado a la Policía de haber dirigido su actuación "claramente" para que la investigación fuese comandada por la titular del juzgado de instrucción número 3 de Vigo, Marisol López, una magistrada que "nunca fue imparcial ni objetiva".

Por todos estos hechos, este abogado ha reclamado la nulidad de las actuaciones, ya que "toda la causa está viciada", y el resto de defensores se han adherido a su petición. Una petición a la que se ha opuesto la Fiscalía, que ha avalado la actuación tanto de la Policía como de la jueza instructora.

PETICIÓN DE CONDENA

El Fiscal acusa a Marino J.G. de ser cooperador necesario en un delito contra la salud pública cometido por un funcionario, además de autor de un delito de integración en grupo criminal y otro de tenencia ilícita de armas. Para él pide penas que suman 12 años de cárcel, y una multa de 170.000 euros.

Para Marcos G.B., Alfredo I.G, y Alfonso.P.C., el ministerio público reclama 9 años y medio de prisión (para cada uno), y tres multas de 160.000 euros; mientras que solicita la misma condena para el guardia civil Enrique P.M., como autor de un delito contra la salud pública cometido por un funcionario y como integrante de un grupo criminal.

Por otra parte, pide que Benito O.O. sea condenado a cuatro años y medio de cárcel por tráfico de drogas y al pago de una multa de 160.000 euros. Del mismo delito acusa a Modesto D.A., para el que pide una pena mayor, de 6 años, por aplicarle el agravante de reincidencia.

Las defensas reclaman, por contra, la libre absolución de los procesados y, en el caso de varios de ellos, piden que se tenga en cuenta la atenuante de adicción a las drogas si hay condena.