El ajuste de Santander pone en riesgo casi 200 empleos de Popular en Galicia

La integración de los servicios centrales contempla salidas en ambas entidades, pero la de la red comercial no se abordará hasta 2019

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ajuste puesto en marcha por el Banco Santander tras la compra del Popular, centrado en la integración de los servicios centrales, pone en riesgo casi 200 puestos de trabajo en Galicia, de centros de apoyo que esta última entidad tiene en A Coruña (en la calle Orillamar) y en Bergondo.

De ello han informado fuentes de las centrales gallegas consultadas por Europa Press al término del encuentro mantenido en Madrid entre representantes de la dirección de ambas entidades y los sindicatos también de Santander y Popular.

De acuerdo con estas fuentes, la integración de servicios centrales también va a afectar a unidades de apoyo en los distintos territorios, esto es, en las provincias. Así, las oficinas de Popular en Orillamar (A Coruña) y Bergondo entrarán dentro de la negociación de un expediente de regulación de empleo.

En la capital herculina, en sus oficinas de la calle Orillamar, funcionan cuatro departamentos diferenciados: uno de apoyo administrativo, con 36 trabajadores; un centro de posfirma hipotecaria, con otras 39 personas; uno de desarrollo tecnológico, con 29; y un último de gestión de operaciones de activo, con 53. En total, 157 empleados, según las cifras que aportan los sindicatos.

Mientras, en Bergondo desarrollan labores de banca directa otras 37 personas (de ahí el total de 194 empleados) que antes se enmarcaban en la oficina virtual de Pastor.

"LÍNEAS ROJAS"

Al respecto, los representantes de los trabajadores han preguntado si estos se incluyen en red comercial o en servicios centrales, toda vez que la red comercial queda excluida de esta negociación. "Nos dijeron que seguramente sí, iría en servicios centrales", señala la portavoz de la CIG en Pastor, Rosa Conde.

En declaraciones a Europa Press, Conde ha destacado que las "líneas rojas" de la central nacionalista pasan por que "no es necesario hablar de despidos", al tiempo que advierte de que la "voluntariedad" en estos procesos se limita "al papel".

Por su parte, el representante de UGT en Pastor, Javier Castro, subraya que "sobre la mesa tienen que estar prejubilaciones y salidas voluntarias".

NUEVAS REUNIONES

El banco ya ha convocado a otras dos nuevas reuniones a los sindicatos, el próximo miércoles 8 y el lunes 13, y Conde lamenta que la información que les suministra la dirección, aún siendo suficiente de acuerdo con lo que marca la ley, "no permite" a los representantes de los trabajadores defenderse en plenas condiciones.

Del mismo modo, para Castro esta vuelve a tratarse de una negociación "troceada" en encuentros en los que la dirección aporta escasa documentación.

A mayores, la portavoz de la CIG ha comentado que este viernes se preguntó también, sin obtener respuesta, por la situación de los empleados de Universal Support, que prestan apoyo a Popular en A Coruña, y cuyo contrato está prorrogado por dos meses desde septiembre.

EL PROCESO

Así las cosas, el proceso de integración de los servicios centrales de Santander España y Banco Popular afectará a los trabajadores de ambas entidades, según han informado a Europa Press fuentes sindicales en el marco del proceso de negociaciones con el banco cántabro que ha comenzado este viernes.

Banco Pastor, al no contar con servicios centrales, está excluido de este ajuste de plantilla (con la particularidad de que Popular ya absorbió en su día a Pastor y que la unidad de Bergondo se corresponde con servicios de este último).

Según ha explicado Santander, el ajuste se efectuará bajo un criterio de meritocracia, aprovechando el mejor talento de ambas entidades y haciendo un "esfuerzo especial" para que las salidas que se produzcan se realicen en "buenas condiciones", de acuerdo con los representantes sindicales y aprovechando la movilidad interna hacia otras entidades del grupo.

Las fuentes sindicales consultadas, además, han confirmado que la red comercial de ambas entidades no se verá afectada en el marco de esta negociación, pues su integración no se prevé hasta el año 2019, una vez culminada la integración tecnológica.

En este sentido, los representantes de los trabajadores se han mostrado dispuestos a escuchar los planteamientos de Santander siempre que la reordenación de las plantillas se aborde mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, "respetando siempre los derechos adquiridos de los trabajadores" y a través de "vías no traumáticas".

EMPRESA DE RECOLOCACIÓN

En el proceso de salidas, Santander también ha informado de que contratará a una empresa de recolocación para facilitar la búsqueda de empleo a aquellos empleados que quieran seguir trabajando. En este sentido, el banco que preside Ana Botín ha asegurado anteriormente esta fórmula facilitó la ocupación del 80% de los empleados que salieron de la entidad y que quisieron seguir trabajando.

En cualquier caso, el ajuste se efectuará después de que tanto Santander como Popular aplicaran en 2016 sendos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

En la actualidad, Santander cuenta con 200.949 empleados, de los que aproximadamente un 6% correspondería a Popular, puesto que al cierre del primer trimestre --la última vez que presentó resultados-- esta entidad contaba con 15.020 trabajadores, 13.449 de ellos en España.

En Galicia, el Popular-Pastor contaba con 1.422 trabajadores con datos a 31 de agosto, mientras que el Santander dispone de unos 900 profesionales en la comunidad, donde las organizaciones sindicales exigen el mantenimiento de la marca Pastor.

Según Santander, la integración de ambas entidades reforzará significativamente la franquicia del grupo en España, donde la entidad resultante es líder en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes y una cuota de negocio en pymes del 25%, "un segmento clave para el crecimiento de la economía española".

Desde la adquisición en junio, Santander ha saneado el balance de Banco Popular, ha reducido su riesgo inmobiliario y ha lanzado una acción comercial para recuperar la confianza de los clientes y accionistas cuya inversión se vio afectada por la resolución de las autoridades europeas.