Foto: Europa Press
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La defensa afirma que sobre el acuerdo hay varias interpretaciones y que, "sólo por eso", no puede haber prevaricación
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía mantiene su petición de nueve años de inhabilitación especial para cargo público para los siete concejales que, reunidos en la junta local del 30 de mayo de 2013, autorizaron el pago de la defensa a otro edil, Adrián Varela, imputado en la 'Operación Pokémon'.
Mientras, el abogado de los acusados, Pablo Rodríguez-Mourullo Otero, ha defendido la absolución para los procesados y ha rechazado que pueda haber un delito de prevaricación puesto que existen diferentes "interpretaciones" sobre el acuerdo adoptado, lo que, a su entender, imposibilita que se haya incurrido en ese delito.
Las conclusiones de ambas partes llegaron después de alrededor de seis horas de vista en las que el alcalde compostelano, Ángel Currás, acompañó a los siete ediles acusados --Amelia González, María Castelao, María Pardo, Luis Bello, Francisco Noya, Juan de la Fuente y Cecilia Sierra --. Entre el público también se encontraba el exalcalde Gerardo Conde Roa, que presidió la corporación municipal del presente mandato hasta que dimitió por un delito de fraude fiscal.
En el acto conclusivo, la fiscala, Aranzazu San José, ha argumentado su petición de inhabilitación en base a que estos concejales, ha dicho, "no defienden bien" el "interés público". Al respecto, ha ejemplificado con este acuerdo, el cual, ha manifestado, "no es legal", y ha enfatizado que "sabían que era un caso de corrupción".
A lo largo de la vista, la fiscala ha insistido en que, en la resolución adoptada, "no se hace ningún mención" a los condicionantes que tienen los funcionarios públicos y miembros de una corporación para poder acceder a la indemnización del coste de la defensa --como que no hubiese desviación de poder o que la sentencia fuese absolutoria--.
"Partiendo del tenor literal, se adopta (el acuerdo) a sabiendas de que no se estaba condicionando y se estaba yendo más allá", ha incidido la fiscala, quien cree que es un caso "clamoroso" de prevaricación para pagar con cargo al dinero público "un letrado en un caso de corrupción".
FONDOS PÚBLICOS
"¿Tienen que destinarse fondos públicos a defender a los corruptos sin ningún condicionante?", se ha preguntado, para indicar, a renglón seguido, que pese a que el informe del secretario municipal recogía "condicionantes" por los cuales no se podría abonar la defensa, los concejales "aceptaron tal y como venía" la propuesta de Adrián Varela.
El Ministerio Fiscal se ha fijado en que "en otros acuerdos se hace perfectamente" las justificaciones, pero en este caso, ha considerado, "van más allá y reconocen (el pago de la defensa sin condicionantes", lo cual cada uno de los siete ediles contradijeron en todas sus intervenciones, al afirmar que sí venían implícitos al incorporar el informe del secretario municipal.
La fiscala también ha llamado la atención en que se había informado públicamente a los medios de que era un "asunto de corrupción" y acerca de que "son todos del mismo partido y de la junta de gobierno". También ha incidido en que la propuesta se hizo el 30 de mayo, y ese mismo día el secretario redactó el informe --que no era preceptivo-- y se llevó a la junta de gobierno local.
"Lo que me extraña es la urgencia, porque si tengo que asumir esa decisión, lo pensaría mucho. Lo pienso si hay dinero público. Salvo que lo quisieran aprobar sin más. Sin debate. Porque todos son miembros del mismo signo político, no hay debate, ni preguntas, se aprueba tal cual", ha expresado Aranzazu San José, quien ha abundado que era un asunto "con suficiente enjundia como para tratarlo con detenimiento".
Así las cosas, y tras observar que no se "veló por el interés público", ha señalado que se adoptó un "acuerdo ilegal, a sabiendas, patente, flagrante y clamoroso", por lo que, ha alegado, "cumple todos los requisitos de prevaricación".
ALEGACIONES DE LA DEFENSA
Por parte de la defensa de los acusados, que renunciaron al derecho que les otorga la ley a tener la última palabra en la vista, ha remarcado --en base a un auto judicial reciente-- que "las múltiples interpretaciones" que se pueden dar de la lectura del acuerdo, descarta que la acción "pudiera ser prevaricadora".
En cuanto al contenido, ha manifestado que el acuerdo estaba "condicionado a la normativa" y a las pautas que marcaba el informe del secretario y ha enfatizado que, tras los diferentes testimonios escuchados, "no consta que se quisieran apartarse ni un ápice" de las conclusiones dadas por el secretario, "con independencia de la literalidad" de lo aprobado.
El abogado defensor ha remarcado que "queda claro" que la "voluntad" de los concejales era someter ese acuerdo a las condiciones que marca la ley para que se haga el pertinente abono de la indemnización por la defensa. Además, ha recordado que la redacción del acuerdo correspondió a otra persona, una técnico ---llamada a declarar como testigo de la defensa y que no acudió ni en ésta ni en otra ocasión, aunque finalmente se ha renunciado a su presencia--.
Así las cosas, Rodríguez-Mourullo ha explicado que al respecto del acuerdo, que se incluyó en las urgencias del orden del día --como el 40 por ciento de los asuntos, según argumentó él mismo y varios de los concejales acusados--, cuenta con "informes posteriores que dicen que es legal".
El letrado de la defensa también ha argüido, en base a los testimonios, el acuerdo estaba condicionado al informe del secretario municipal, que sustituyó a Javier Castiñeiras en marzo de 2012 con la llegada del gobierno popular.
Precisamente, en la vista también compareció el anterior secretario municipal --ahora personado en la 'Operación Pokémon'--, y en quien el abogado de la defensa se apoyó para apelar al "precedente" que en el mandato anterior, con el alcalde socialista, hubo un acuerdo para designar letrado.
En este sentido, volvió a referirse a las palabras de Castiñeira para afirmar que de ellas se concluye que en el anterior caso (que implicaba al concejal socialista Bernardino Rama) "implícitamente" también había "consignación" dineraria. Este caso no fue juzgado y no consta que se pasase ninguna factura.
Así las cosas, ha rechazado que se hubiese firmado a sabiendas un acuerdo contrario a la legalidad y, por lo tanto, ha afirmado que "se empequeñece el núcleo de la prevaricación". "Todos lo interpretan de una manera, ya sólo por eso, no puede ser prevaricador", ha sentenciado.
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