Antón Arias matiza que su llamada a la celebración de un referéndum pactado en Cataluña fue "una opinión personal"

   Señala que la Ley de Implantación Empresarial es "positiva" para los intereses del empresariado gallego

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antón Arias, ha matizado que su llamada a la celebración de un referéndum pactado como método para abordar la crisis abierta en Cataluña fue "una opinión personal" y no "institucional" de la entidad que dirige.

   Este domingo en una entrevista en Radio Nacional recogida por Europa Press, el dirigente de la patronal gallega ha salido al paso de las críticas vertidas desde algunas organizaciones de empresarios provinciales luego de que defendiese públicamente la celebración de un referéndum de independencia pactado en Cataluña.

   "A veces no escucharnos tiene riesgos de mala interpretación. Hice declaraciones a una pregunta que se me hizo a nivel personal. En esa respuesta maticé que estaba hablando a nivel personal", ha respondido a la pregunta de si rectifica sus declaraciones sobre el proceso soberanista en Cataluña, como han reclamado desde ciertos sectores del empresariado gallego.

   De este modo, ha incidido en que la CEG, como institución, "hizo una declaración pública" días antes del 1 de octubre en la que pedía "respeto a la legalidad" y, asimismo, "abrir un diálogo" para tratar de reconducir la situación.

   "En esa declaración dije que la República Catalana era inviable, era ilegal. Dije simplemente que me parecía que el tema estaba tan polarizado que si no se abría el diálogo y no se buscaba una salida se podría enquistar. Ante un problema político, aplicar únicamente la legalidad me parece que no va a solucionar nada", ha incidido Arias luego de remarcar que se trata de su "opinión personal".

FUGA DE EMPRESAS EN CATALUÑA

   El presidente de la patronal gallega también ha respondido al traslado de la sede social de numerosas empresas que la tenían en Cataluña ante la crisis abierta con el proceso soberanista iniciado por el Govern.

   De este modo, ha negado que existan "contactos" con la CEG por parte de las empresas que anunciaron o estudian su traslado de Cataluña, aunque reconoce que sí existen conversaciones con ciertas entidades que "muestran su preocupación" por la situación abierta.

   Además, ha asegurado que ciertas operaciones de inversión "que estaban en estudio" se encuentran en un momento de "impasse". "Está ralentizado a la espera de ver cómo evoluciona, tanto la proclamación de la República catalana, como de que hubiera una respuesta del Estado", ha apostillado.

   A renglón seguido, ha afirmado que desconoce la "cuatificación real" de los movimientos empresariales que se están dando a raíz de la situación de "inseguridad" que vive Cataluña.

   Además, preguntado sobre si el traslado de la sede de ciertas empresas puede acabar afectando a los empleados que esas entidades tienen en Galicia, Antón Arias ha recordado que "no tiene por qué tener afección", ya que se trata de "un cambio en el centro de decisión" y no un giro en la "actividad económica".

LEY DE IMPLANTACIÓN EMPRESARIAL

   Por otro lado, el presidente de la CEG ha indicado que los afiliados de la entidad que dirige ven con buenos ojos la Ley de Implantación Empresarial, que comenzó el pasado mes su tramitación parlamentaria bajo las críticas de los grupos de la oposición y de varias organizaciones sociales y ecologistas.

   En la entrevista, Antón Arias ha expresado su apoyo al anteproyecto de la citada ley, al que la CEG ha presentado "una serie de medidas" que confía en que sean incluidas en el texto definitivo.

   Esta futura ley cuenta con el rechazo de todos los grupos de la oposición en la Cámara gallega --En Marea, PSdeG y BNG--, así como de varias entidades ecologistas y sociales, que la han bautizado como la "Ley de Depredación de Galicia" al considerar que abre la puerta a la desregulación y privatización de los recursos naturales de Galicia a través de un "capitalismo de amiguetes".

   Cuestionado al respecto, el presidente de la patronal gallega ha indicado que no comparte esta visión de la ley, sino que entiende que "es positiva" para los "intereses" del empresariado gallego.