Denuncia que el proceso de declaración de impacto ambiental del proyecto de reapertura de la mina superó el plazo establecido por la ley
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El diputado del Grupo Parlamentario de En Marea Antón Sánchez ha pedido formalmente al Defensor del Pueblo que solicite a la Xunta de Galicia "toda la documentación" sobre la reapertura de la Mina de Touro dado el "bloqueo constante" del Gobierno gallego "en el acceso a la información" de este expediente y otros proyectos mineros.
El portavoz nacional de Anova ha mantenido en la mañana de este lunes un encuentro en Madrid con miembros del gabinete del Defensor del Pueblo, cuyo titular en funciones, Francisco Fernández Marugán, no estuvo presente en la reunión por "encontrarse en un acto con el jefe de Estado", según informa la organización nacionalista.
El encuentro se produce semanas después del informe remitido por el Defensor a la asociación Tralapena a principios de junio en el que el Alto Comisionado concluye que la Xunta "ha actuado deficientemente" en relación con los terrenos de la antigua mina de Touro y O Pino (A Coruña), donde advierte que "la contaminación del agua parece el problema más grave".
Al término de la reunión, Sánchez ha destacado la "sintonía y el grado de conocimiento que el gabinete del Defensor del Pobo posee del tema de la mina de Touro en particular, pero de la política en materia de extracción minera en Galicia en general".
De este modo, según señala Anova, el parlamentario ha denunciado el "bloqueo constante" que, dice, practica el Gobierno gallego en el acceso a la información sobre el expediente de la mina de Touro, por lo que ha pedido al Defensor que se dirija al Ejectuvio autonómica para que le facilite "toda la información" sobre el proyecto de reapertura de la explotación.
CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE
En concreto, Antón Sánchez solicita que se inicie el proceso de caducidad del procedimiento de declaración de impacto ambiental del proyecto minero porque ya ha transcurrido el plazo límite que establece la ley para prorrogar su tramitación --cuatro meses más otros dos de ampliación justificada--.
"Desde nuestro punto de vista debería iniciarse el proceso de caducidad del procedimiento por haber superado el plazo", ha incidido el diputado, que censura la "opacidad y el oscurantismo con que se está llevando este procedimiento del que la Xunta no aporta información".