La Audiencia Nacional condena al Estado a paralizar la actividad de Ence en Pontevedra

Europa Press Galicia
Actualizado: martes, 14 junio 2011 22:29
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una sentencia de la Audiencia Nacional condena al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a incoar el expediente de caducidad de la concesión y a paralizar las actividades de la planta de Ence en Pontevedra.

La Audiencia Nacional responde de este modo a una demanda de la asociación ecologista 'Salvemos Pontevedra', en la que consideraba que la actual propiedad empresarial de Ence no tiene los derechos de la concesión, tras los traspasos de titularidad. Así, la sentencia entiende que debe considerarse que la petición de los ecologistas "debe entenderse estimada por silencio positivo", dado que Medio Ambiente no ha contestado a las reclamaciones.

Así, estima parte de las peticiones por este silencio administrativo y condena a la administración a la incoación del expediente de caducidad de la concesión y a la adopción de "todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones".

El presidente y portavoz de 'Salvemos Pontevedra', Francisco Díaz, ha explicado que es la tercera sentencia que obliga a incoar expedientes de caducidad en la parcela de Lourizán, en la que está instalada la pastera.

Por su parte, la empresa ha manifestado que esta decisión no le ha sido notificada, por lo que ha rehusado pronunciarse al respecto. En cualquier caso, el documento de la Audiencia Nacional concede un plazo de 10 días desde la notificación para presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

"Sería chocante que el Estado --que es el demandado-- recurra cuando se está aplicando la Ley de Costas", ha apuntado Díaz, que ha afirmado que "es posible" y que también podría tomar una decisión en este sentido la empresa, como "codemandada".

Díaz ha destacado que se siente "satisfecho" por este pronunciamiento, pues es "un tirón de orejas a las administraciones públicas para que cumplan la legalidad".