El BNG inicia una ofensiva para una AP-9 libre de peajes ante la "oportunidad de oro" del expediente de Bruselas

   Reclama anular la concesión "presuntamente ilegal" y estudiar costes para una asunción directa

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El viceportavoz segundo del BNG, Luís Bará, ha anunciado una "ofensiva" en diferentes instituciones --Congreso, Parlamento de Galicia, Senado y Parlamento Europeo-- para reclamar anular la concesión de la AP-9, asumir la gestión directa por el Estado y su traspaso a Galicia, así como suprimir los peajes "abusivos". Y es que considera una "oportunidad de oro" que la Comisión Europea haya abierto expediente por segunda vez a España por la prórroga concesional de la autopista.

   En rueda de prensa, Bará ha recordado que esta prórroga "presuntamente ilegal" de la concesión fue aprobada por el ejecutivo del popular José María Aznar en el año 2000 para 25 años (de 2023 a 2048), ya prorrogada previamente por el PSOE en 10 años, desde 2013 a 2023. Remarca que es una de las tres del Estado con mayor periodo, junto con la AP-53 (Santiago-Lalín).

   En este sentido, denuncia el "agravio" que vive Galicia frente a otras autopistas rescatadas en España que ahora son gratuitas, en lo que ve una "discriminación evidente" al sufrir los gallegos unos "peajes abusivos", según indica, solo reducidos por el acuerdo del BNG en Madrid.

   En esta línea, Bará incide en que el procedimiento de infracción abierto por Bruselas se debe a que la ampliación de la concesión se hizo sin sacarla a concurso público. Mientras, carga contra la "pasividad cómplice" del Gobierno central y Xunta.

LA XUNTA "NO PUEDE PONERSE DE PERFIL"

   El diputado nacionalista acusa a la Xunta, "tan dada a hacer sobreactuaciones y a agitar el gallinero" contra el Estado, de hacer aquí una "justificación" de la prórroga "ilegal" por ser responsabilidad del PP.

   Así, insta a la Xunta a demandar al Estado que inicie los trámites para la anulación de la prórroga a 25 años y se proceda a su transferencia a Galicia.

   Avisa de que el Gobierno gallego "no puede ponerse de perfil", por lo que requiere un estudio para explorar vías jurídicas para anular la concesión y los costes para la asunción directa por el Estado de la autopista, pues estima un coste del actual modelo de unos 1.500 millones.