La plataforma de trabajadores de Touro-O Pino lamenta "el uso totalmente partidista que se está haciendo" del documento
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Cámara Mineira de Galicia defiende a la Xunta ante el informe del Defensor del Pueblo sobre la mina de Touro y O Pino (A Coruña) porque la actuación de la Administración autonómica, según asegura, es "lo contrario a deficiente".
Así lo ha trasladado a Europa Press el director de la Cámara Mineira de Galicia, Diego López, en respuesta también a las palabras del viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez.
A su juicio, la información sobre el documento del Defensor "contiene contradicciones desde el punto de vista legal", ya que "en primer lugar se mezclan varios proyectos como si se tratara de uno solo".
Asegura López que "la explotación actual tiene todos los permisos legales para operar" y "es un proyecto aprobado, que cumple los requisitos exigidos en el momento de su aprobación".
"El nuevo proyecto para explotar cobre está en fase de tramitación por la administración pública, que actúa con todas las cautelas legales exigibles", subraya.
También destaca que "en Galicia no hay minas ilegales de ningún tipo" y que "todas están funcionando de acuerdo a la legislación que las vio nacer".
"Las causas para la caducidad de una concesión están establecidas por la legislación y no puede instarse a la caducidad de un derecho de manera arbitraria y discrecional, atentando contra la seguridad jurídica y estableciendo un peligroso precedente", replica este representante.
Sobre la contaminación de las aguas, afirma que fue "debida a la actividad realizada para la extracción de cobre, detenida en 1986 (e iniciada cuando aún no había obligatoriedad de planes de restauración)" y agrega que "se ha minimizado notablemente en los últimos años.
"Todo ello, gracias a la rehabilitación de la explotación puesta en marcha por la empresa Explotaciones Gallegas y a la labor de la Universidade de Santiago de Compostela, liderada por Felipe Macías y reconocida a nivel internacional por su trabajo de tecnosuelos", argumenta.
Por otra parte, apunta que "el plan de restauración se establece como obligación legal para las explotaciones aprobadas después de 1982" y hace referencia al que presentó Rio Tinto en 1984 "y que Explotaciones Gallegas asumió al hacerse cargo de la concesión", que "sigue en vigor".
Por último, al respecto de la inspección, replica que "hay un plan de labores anual presentado por la empresa minera que está operando en Touro" e incide en que "la autoridad minera realiza inspecciones periódicas" y en Touro "las ha habido en cinco de los últimos diez años". "No parece que la actuación de la Xunta sea deficiente", resuelve.
MINEROS TOURO-O PINO
Por otra parte, a través de un comunicado de prensa, la plataforma de trabajadores mineros Touro-O Pino lamenta "el uso totalmente partidista que se está haciendo del informe del Defensor".
"Estamos ya hartos de políticos sin coherencia, que tanto se manifiestan para defender el empleo industrial como arremeten no solo contra un proyecto futuro sino que ponen en cuestión la legalidad de una actividad que, en estos momentos, emplea a 250 personas y sus familias de forma directo y más de 400 de forma indirecta", resalta.
Por eso, pide "que no se juege con la vida de las familias mineras" y muestra se preocupación además por "la frivolidad a la hora de hablar de una supuesta caducidad de los derechos".