El cargo de Adif investigado por Angrois señala a otros Estados miembro y a Renfe

Pide ampliar las preguntas que el juez envió a la Agencia Ferroviaria Europea con cuestiones como la exportación del riesgo al maquinista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa del exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, investigado en la causa sobre el accidente del tren Alvia en Angrois, ha entregado un escrito al juzgado en el que alega "dificultades" de los Estados miembro de la Unión Europea (UE) en la aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad ferroviaria.

En tres folios con fecha de 13 de julio a los que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Cortabitarte pide ampliar las preguntas que el juez que instruye el caso, Andrés Lago, dirigió a la Agencia Ferroviaria Europea, relativas al análisis de riesgos y su implicación en el siniestro que ocasionó la muerte de 80 personas y dejó 144 heridos.

A pocos días del cuarto aniversario de la tragedia (el 24), y de que Cortabitarte vuelva a comparecer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago (el día 27), el abogado solicita cuestionar a estos expertos europeos "si la exportación de un riesgo al maquinista requiere de la evaluación, control y aceptación por parte de las empresas ferroviarias", con lo que veladamente está apuntando a la operadora Renfe, de quien dependen los profesionales de la conducción.

De hecho, en una explicación posterior, el letrado señala que considera necesario determinar si las empresas ferroviarias "también tenían cometidos" conforme al reglamento de 2009 y, "sobre todo, si tenían que valorar y aceptar la exportación de riesgos que Adif hizo al maquinista ('rectius', a Renfe Operadora)".

También quiere que la Agencia Ferroviaria Europea diga si "realizaban los Estados miembro de la UE evaluaciones de seguridad ferroviaria" con anterioridad al reglamento de 2009 de la Comisión.

"¿Ha sido uniforme la aplicación de un sistema de gestión de la seguridad tal como estaba previsto en la directiva de seguridad ferroviaria (del 2004) o, por el contrario, ha habido dificultades por los estados miembro para la comprensión y aplicación de dichos sistemas?", es otro de los interrogantes que aspira a que sean resueltos.

Añade, a continuación: "¿Cuál era la pauta generalizada de actuación en el sector ferroviario entre los Estados europeos en 2011?", por la fecha en que fue inaugurada la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el descarrilamiento.

También apunta otro par de preguntas a colación de la afirmación de la Audiencia Provincial, cuando ratificó la investigación a Cortabitarte, sobre que "se habría detectado" el peligro en Angrois "de haberse llevado a cabo una evaluación integral cuantitativa del riesgo".

Al respecto, traslada una cuestión acerca de si "permite la normativa europea evaluar la aceptabilidad del riesgo conforme a la aplicación de códigos prácticos o sistemas de referencia además de mediante métodos de estimación explícita". Y, en caso afirmativo, pretende conocer "a quién corresponde elegir uno u otro principio de aceptación del riesgo".

El segundo interrogante es más concreto, para conocer si "exige la normativa europea la aplicación de criterios adicionales (por ejemplo, un criterio explícito cuantitativo) a los riesgos que son controlados mediante códigos prácticos o sistemas de referencia".