Asegura que en su declaración ante la jueza instructora dejó "claro" que no había recibido "ni un euro" de ninguna empresa investigada
LUGO, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La defensa del alcalde de Lugo, José López Orozco, ha insistido este martes en pedir que "se levante el secreto de las actuaciones" en el marco de la 'Operación Pokémon', aunque sólo sea en parte, con el fin de evitar la "tremenda indefensión" de los imputados en la causa.
En declaraciones a Europa Press, el abogado de Orozco, Gregorio Arroyo, ha anunciado que presentará un nuevo escrito para "quejarse otra vez" de la revelación de autos del juzgado que forman parte del secreto de sumario y a los que no tienen acceso las partes.
Así se ha manifestado a raíz de un auto de la jueza instructora, Pilar de Lara Cifuentes, en el que, según publica 'Faro de Vigo', ésta "sospecha" que la empresa Cechalva supuestamente pagaba 2.000 euros al mes a López Orozco y al exconcejal Francisco Fernández Liñares, también imputado, a cambio de la adjudicación del servicio de la grúa municipal.
Al respecto, el abogado del regidor lucense ha subrayado que en la declaración de éste ante la jueza instructora a finales de noviembre del año pasado, que se prolongó durante varias horas, dejó "claro" que no había recibido "ni un euro" de ninguna de las empresas investigadas en la causa.
Por ello, el letrado, que afirma que no le han notificado el citado auto y tuvo conocimiento del mismo por los medios, reitera la petición de que se levante el secreto de sumario, aunque sea "alguna parte", como había hecho la jueza de la 'Operación Campeón', Estela San José, sobre cuyo juzgado han recaído las diligencias abiertas sobre un supuesto delito de revelación de secretos en la 'Pokémon'. "Ahora tendrá que acumular este nuevo hecho", ha indicado Arroyo.
"NO HA RECIBIDO NADA"
El abogado del alcalde de Lugo ha recalcado que su cliente ya ha aclarado que "no ha recibido nada" y sostiene que "es mentira" que haya percibido cobros por adjudicaciones.
En este sentido, ha denunciado que resulta "grave" mantener "el secreto de las actuaciones" porque supone un "claro perjuicio" a la imagen de "una persona con un cargo público importante" y le pone "en el punto de mira de los medios y de la oposición".