La Delegación del Gobierno respalda la actuación policial y recuerda a Noriega que no tenía "obligación" de informarle

   El SUP también defiende el "impecable trabajo" realizado por los agentes frente a la "agresividad" de los manifestantes

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

   La Delegación del Gobierno ha remitido un comunicado en el que esgrime que "actúa y actuará siempre defendiendo la más estricta legalidad", y ha asegurado que así lo hizo en la pasada jornada en Santiago de Compostela, tanto en el desalojo de un edificio okupado en la Algalia de Arriba como en la posterior manifestación "ilegal".

   "La Delegación del Gobierno actúo en ambos casos dentro de la más estricta legalidad", ha esgrimido, al tiempo que ha respaldado a las fuerzas policiales. Además, frente al malestar enunciado por el gobierno de Santiago por no recibir información y verbalizado por el alcalde, Martiño Noriega, ha indicado que "en ningún caso tiene que realizar comunicación alguna de la aplicación de una orden judicial o del ejercicio de sus propias competencias".

   Sobre las protestas posteriores, ha señalado que, para que se lleven a cabo, además de ser "pacíficas y sin armas", es necesaria una comunicación previa, que tiene un plazo ordinario de 10 días, y que en caso de situaciones extraordinarias se puede acortar una vez realizada la solicitud.

   Ha apuntado, sin embargo, que en la tarde de este martes, no se dieron ninguno de los dos casos ya que, en ningún momento, se realizó solicitud alguna y por lo tanto "la manifestación se encontraba fuera de los cauces legales".

DEFENSA DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

   Apunta la Delegación del Gobierno que, durante la manifestación "ilegal" y ante las "graves alteraciones" del orden público provocadas por los manifestantes, "algunos de ellos encapuchados", la policía actúo "dentro de la más estricta legalidad" para mantener la seguridad ciudadana.

   Ha añadido que, "ante los actos vandálicos y ataques recibidos", realizó "alguna carga" contra los manifestantes, para "evitar en la mayor medida posible que se continuarán realizando daños tanto a mobiliario urbano como de los negocios de hostelería y entidades bancarias" de la zona que recorrió la manifestación.

   "La carga fue gradual y proporcional a las circunstancias, en la utilización de los medios de los que dispone la Policía", defiende la Delegación, que ha incidido en que hubo seis policías heridos que fueron tratados en centros médicos y que "dan una idea del proceder peligroso por parte de los manifestantes".

RESPUESTA A NORIEGA

   Sobre la alusión del alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, a que no fue informado de las actuaciones policiales, tanto la correspondiente al mandato judicial como la actuación por la tarde, ha subrayado que estos pasos "nada tienen que ver con las situaciones de vulnerabilidad y atención a familias en dificultades, que exigen una coordinación de todas las administraciones para activar los recursos de carácter social".

   A este respecto, se debe aclarar que "no existe ninguna obligación de informar a otras autoridades cuando se trata del ejercicio de competencias propias, por mandato de la autoridad judicial".

   "Dichas actuaciones propias se rigen ordinariamente por el principio de respeto al orden de distribución de competencias previsto constitucionalmente, sin perjuicio de los deberes de colaboración y cooperación entre todas las Administraciones para el logro de fines comunes o ejercicio de acciones conjuntas".

   Precisamente por "no ostentar competencia en el presente caso", la Delegación ve "totalmente improcedente e irregular" que cualquier autoridad pública "sin competencia en la materia, ajena a las actuaciones", pretenda ampararse en "un pretendido deber de comunicación previa" de las actuaciones policiales, "más allá de las que corresponden ordinariamente a aquellas actuaciones conjuntas o coordinadas" entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, canalizadas a través de las correspondientes juntas de seguridad.

   La Delegación del Gobierno concluye su comunicado con una condena a la realización "cualquier tipo actos que alteren la convivencia de los ciudadanos" como aquellos que pueden "suponer un riesgo físico" para las personas, así como el "destrozo" de mobiliario "tanto de carácter público como privado".

"ACTUACIÓN IMPECABLE"

   Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha "denunciado y condenado" los "graves incidentes" sucedidos en Santiago, con motivo de una protesta que, remarcan, "sin ser comunicada", se produjo para manifestarse en contra del desalojo de un edificio okupado en la capital gallega como centro social.

   El SUP ha destacado el "impecable trabajo" realizado por los agentes pese a la "agresividad de unos 150 manifestantes encapuchados", quienes "se emplearon con objetos contundentes para acometer contra los agentes".

   El sindicato desea "una pronta recuperación" a los seis policías que resultaron heridos y pondrá "todos los medios legales" de los que dispone "a disposición" de los mismos, y avanza que se personará como acusación particular en la causa.