Denunciada por un delito contra la seguridad vial una conductora kamikaze en Ferrol

   La mujer dio positivo en alcohol y drogas y la causa se ha remitido al juzgado de guardia de Ferrol

   FERROL, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, pertenecientes al destacamento de Ferrol, han remitido en la mañana de este lunes al Juzgado de Instrucción Número 1 de Ferrol, en funciones de guardia, el atestado instruido contra una vecina de Ferrol, J.C.L., de 53 años de edad, acusada de un delito contra la seguridad vial tras ser localizada sobre las 19,30 horas del sábado 4 de noviembre circulando por la autopista AP-9 en sentido contrario.

   Además, la conductora obtuvo resultado positivo en alcohol, con una tasa de 0,72 miligramos por litro de aire espirado, y positivo también en drogas, en THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis, por lo que ha sido acusada de un delito contra la seguridad vial.

   La mujer se adentró en la autopista a la altura de Freixerio, en Narón (A Coruña), en dirección a la ciudad de A Coruña, pero lo hizo por los carriles hacia Ferrol, tras lo que fue interceptada por los agentes a la altura del peaje de Vilar do Colo, en Fene (A Coruña), después de haber recorrido unos diez kilómetros.

REQUISADO EL PERMISO DE CONDUCIR

   En este lugar, los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico comprobaron que durante el trayecto realizado en sentido contrario, el vehículo había colisionado con otro usuario a cuyo turismo le causó daños de escasa consideración.

   Como medida cautelar, tras interceptar el vehículo, los agentes de la Benemérita le intervinieron a la mujer el permiso de conducción, para su entrega en el juzgado conjuntamente con el atestado, mientras que el vehículo fue inmovilizado hasta la llegada de un familiar que se hizo cargo del mismo.

   El juzgado será el que decidirá las medidas a tomar, bien la celebración de un juicio rápido, ya que el resultado en la alcoholemia lleva aparejado una pena de entre tres y seis meses de cárcel, junto con una multa de seis a doce meses de privación, trabajo comunitario de 30 a 90 días y la prohibición de conducir por un periodo de entre uno y cuatro años. En caso contrario, se optaría por la vía de diligencias previas.