Espera que la Audiencia de A Coruña "se posicione para la revisión del caso" frente al cierre de la instrucción
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La eurodiputada del BNG Ana Miranda, que en julio de 2017 interpuso una denuncia contra el Estado español por infracción del derecho comunitario en materia de seguridad ferroviaria, ha celebrado la apertura de un expediente por parte de Bruselas como "una noticia muy esperanzadora para saber la verdad" sobre el accidente del Alvia en Angrois, al tiempo que ha remarcado que la legislación "no está implementada" ahora ni "tampoco se cumplía en el año 2013".
Así se ha pronunciado después de hacer público la Comisión Europea el expediente sancionador abierto a España en materia de seguridad ferroviaria, al considerar que "los procesos de seguridad no cumplen los requisitos de la legislación de la Unión Europea sobre seguridad ferroviaria", por una directiva de 2004.
La Comisión, en concreto, considera que "se han detectado deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación analiza e investiga los accidentes e incidentes, así como en las técnicas de supervisión por parte de la autoridad nacional responsable de la seguridad".
Las primeras palabras de valoración de este hecho por parte de Miranda han sido para las víctimas, "por el duro trabajo que han hecho todos estos años". En el siniestro de Angrois murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.
Las "siguientes palabras" las ha dirigido "al trabajo exhaustivo que se ha tenido que hacer aquí (por Bruselas), desde el BNG y también con las víctimas, para reconocer y para trasladar a la Comisión Europea que no se había hecho el control integral de riesgos" en la línea del descarrilamiento del Alvia.
Este es el "primer paso" de un procedimiento que "va a ser largo", ya que el Gobierno central tiene ahora "dos meses" para contestar, según ha apuntado Miranda.
"La información que tengo, en permanente diálogo desde la presentación de la denuncia por el BNG en julio de 2017, es que el procedimiento va a ser largo, no se pudo evitar porque el incumplimiento es tan grave que no se pudo evitar", ha subrayado.
Al respecto, ha explicado que lo que "se analiza" por parte de Bruselas es "la situación actual sobre el estado de la legislación comunitaria", pero ha argumentado que "esto quiere decir que tampoco en el accidente del Alvia se cumplía, en el año 2013".
"Ahora el estado tiene que enviar una carta sobre la implementación de esa normativa. Sabemos que no está implementada, por tanto se pasaría a la segunda fase", ha llamado la atención.
De este modo, ha reivindicado una "noticia muy esperanzadora para saber la verdad, para la justicia y las víctimas, para dar una respuesta a la opinión pública en ese consentimiento que han tenido gobiernos de PP y PSOE en callar este asunto". "Exigiremos responsabilidades políticas", ha advertido la eurodiputada.
Satisfecha con que la Comisión "dé la razón tanto a la denunciante como a las propias víctimas", ha remarcado que "ni Renfe, ni Adif, ni Fomento, ni el Gobierno de España cumplieron la legislación" en materia de seguridad ferroviaria.
"Sabemos que tenemos razón", ha insistido, para anunciar este como "el primer paso de una victoria entre David y Goliat". El caso lo seguirá "exhaustivamente" Miranda, quien ya ha solicitado entrevista a la directora general y a la comisaria de Transporte.
CONSECUENCIAS EN EL JUZGADO
Por otra parte, cuestionada sobre la afectación de este expediente sobre la instrucción judicial del accidente del Alvia, ha opinado que "el juez tendría que reabrir el caso" para que este implique "al estado".
"Ya no es que lo diga la diputada del BNG o las víctimas, lo está diciendo la Comisión Europea", ha incidido. Así, ha esperado que "mañana mismo la Audiencia Provincial de A Coruña se posicione para la revisión del caso y no para el cierre de la instrucción". "Es una oportunidad histórica para la justicia y para la verdad de las víctimas", ha sentenciado.
El juez decretó en diciembre el cierre de la instrucción con dos investigados, el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif, pero esta decisión está recurrida y deberá ser la Audiencia la que resuelva.