El exfuncionario condenado por el 'caso enchufe' recurre su ingreso en prisión al entender que no se le negó el indulto

VIGO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfuncionario del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Javier G. O., condenado a más de 5 años de cárcel por 'enchufar' a una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una contrata municipal, ha presentado recurso de súplica contra el auto que le da un plazo de 5 días para ingresar voluntariamente en prisión a cumplir su pena.

En el escrito presentado por su defensa, se justifica el recurso porque la Audiencia dio por desestimada su solicitud de indulto (al haber transcurrido más de un año desde que la presentó ante el Ministerio de Justicia) y esta parte considera que, si bien no hay respuesta para aceptar la medida de gracia, tampoco hay resolución expresa para desestimarla.

Al respecto, su abogado recuerda que, cuando el Tribunal Provincial accedió a suspender la entrada en prisión mientras se tramitase el indulto, lo hizo sin ninguna matización de plazo (aunque Fiscalía y acusación popular sí pidieron que esa suspensión no fuese por un tiempo superior a un año).

Por tanto, la defensa de Francisco Javier G.O. entiende que esa solicitud de indulto "sigue en trámite" y que, si el exfuncionario entra en la cárcel y luego se le perdona la condena, se habrían vulnerado sus derechos. Así las cosas, suplica a la Audiencia que estime el recurso y mantenga suspendida la ejecución de la pena mientras se tramita el indulto.

AUTO DE ENTRADA EN PRISIÓN

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra emitió un auto el pasado 11 de abril en el que otorgaba un plazo de 5 días para ingresar voluntariamente en prisión a Francisco Javier G.O., y señalaba que, transcurrido más de un año desde que el exfuncionario pidió el indulto, debía darse por desestimada esa solicitud.

El exfuncionario fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión, además de 9 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, mientras que el gerente de la empresa que contrató a la familiar de Carmela Silva fue condenado a 1 año y medio de cárcel, y a 2 años de inhabilitación.

Ambos solicitaron el indulto parcial y, en el caso del exfuncionario, dicha solicitud estuvo rodeada de polémica porque, entre los argumentos que utilizó para pedir la medida de gracia, además de su edad, su falta de antecedentes o el abono de la responsabilidad civil, también apuntó su militancia en el PSOE y su pertenencia a UGT.

La polémica se incrementó al hacerse público que varias decenas de entidades vecinales, sociales y culturales de Vigo, que reciben subvenciones por parte del Ayuntamiento, remitieron cartas de adhesión a esa petición de indulto, todas con la misma redacción. El PP insinuó en ese momento que las asociaciones estuvieron presionadas por el entorno del gobierno municipal para remitir esos escritos y apoyar el indulto del exfuncionario.

SUSPENSIÓN DE LA PENA

Con todo, y ante esa solicitud de indulto, la Audiencia acordó hace un año la suspensión del ingreso en prisión de Francisco Javier G.O. mientras el Consejo de Ministros no se pronunciase sobre la medida reclamada.

En el caso del otro acusado, Ramón C.A., al ser la pena inferior a dos años, se le suspendió el ingreso en prisión por dos años con la condición de que no delinca en ese período de tiempo. De hecho, esa persona ha vuelto a trabajar en una empresa que se encarga del mantenimiento del alumbrado público en Vigo.