Tres empresarios aceptan un año de cárcel y multas de 1.000 euros mientras que un arquitecto tendrá que pagar unos 700 euros
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
Un extécnico de la Xunta, con identidad C.G.G., ha aceptado dos años de cárcel, la inhabilitación por seis años para el ejercicio de empleo o cargo público, así como una multa de 2.190 euros y el embargo de otros 103.350 euros por un delito de cohecho en la restauración de bienes de la Iglesia en Galicia.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha acogido este martes una vista por esta causa derivada de la 'Operación Retablo' y que ha concluido con un acuerdo entre las partes. En ella, el juez ha recordado que el acusado, que trabajó como empleado público para la Consellería de Cultura entre los años 2004 y 2009, era el encargado de informar los proyectos de restauración de inmuebles eclesiásticos para que se adecuasen a las técnicas de restauración y fuesen realizados por profesionales cualificados.
Por ello, conforme explica la Fiscalía en su escrito de acusación, conocía las funciones relativas a la restauración y también el funcionamiento de los procesos de adjudicación de las ayudas públicas. "Esto le permitió iniciar una práctica de imposición de proyectos de restauración a determinadas empresas en detrimento de las restantes", señala.
De este modo, el Ministerio público ha explicado que "reconducía" a los interesados en los proyectos de restauración a las empresas de su preferencia". "Como contrapartida", la Fiscalía considera que C.G.G. recibía dinero en efectivo o bien labores que no remuneraba por parte de las empresas que ejecutaban las restauraciones".
Además, el juez también ha considerado probado que este principal acusado adquirió del Obispado de Tui una casa rectoral en Paraños, en Covelo, en unas condiciones económicas "muy ventajosas" gracias a la "prestación de favores en los procedimientos de restauración adjudicados". Así, adquirió la casa por 60.000 euros a pagar en diez años, inmueble que acabaría ofreciendo para su venta por un precio de 680.000.
ARQUITECTO DE LA S. A. XACOBEO
A mayores de este extécnico, han acordado penas inferiores por esta causa otras cinco personas. Así, en primer lugar un arquitecto de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, con identidad J.M.P.P. ha aceptado una multa de algo más de 700 euros --seis euros al día durante cuatro meses-- por otro delito de cohecho.
En concreto, el Ministerio Público le acusaba de iniciar una relación con C.G.G. a través de la que este arquitecto proponía obras de restauración a financiar por el Xacobeo. De este modo, informaba a esta entidad en sentido favorable para que abonase cantidades para proyectos de restauración que habían sido informados por C.G.G.
"La finalidad común de ambos era la obtención de beneficios económicos que les serían facilitados por las empresas adjudicatarias de las labores de restauración", señala la Fiscalía. Además, el juez consideró probado que, a través de esta forma incrementó su patrimonio y llegó a recibir beneficios en especies, como una caca de un valor "incierto" y "superior a los 1.000 euros".
OTROS ACUSADOS
Además, han aceptado condenas de un año de cárcel y multas de 1.000 euros los responsables de tres empresas que, según el Ministerio público, actuaban de "común acuerdo" con el principal acusado. En concreto, los acusados son O.Q.L, de la entidad CBC; D.D.M, de la empresa Alquimia; así como C.A.R, de Ábside.
La Fiscalía considera que los responsables de estas entidades contactaron con C.G.G. para "adecuar sus proyectos a las condiciones que el estableciese". "Como contrapartida a la adjudicación, asumieron el pago de unas cantidades y otros favores que abonarían en efectivo" al principal acusado, señala la Fiscalía.
Entre otras, realizaron obras en las Clarisas de Tui, San Martiño de A Gudiña, el Mosteiro de San Clodio de Leiro, Santa María la Real de Entrimo, San Salvador de Celanova, Santiago de Coedo de Allariz, Santo André de Cedeira en Redondela o Santa María de Castro de Cima de Riós.
Por último, ha sido declarado en rebeldía otro acusado que no ha comparecido en la vista, M.M, de la empresa Da Vinci. Una vez se le localice, las partes han acordado que se abra una causa aparte.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acordado que los condenados podrán eludir las penas privativas de la libertad si abonan las correspondientes multas y no son autores de otro delito durante el tiempo que les dure la pena.