Familiares de fallecidos por Hepatitis C y dos médicos, citados en la investigación a cargos del Sergas

   El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago sigue una instrucción por el suministro de los medicamentos

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, ha citado para este mes de febrero a familiares de fallecidos por hepatitis C y otras personas que denunciaron "retrasos" en el suministro de los nuevos tratamientos para esta dolencia, un caso en el que se mantienen investigados altos cargos del Sergas --Félix Rubial y Carolina González-Criado.

   Según la citación, a la que ha tenido acceso Europa Press, está previsto que a mediados de febrero acudan familiares de las personas que fallecieron como consecuencia de esta enfermedad. De hecho, los altos cargos del Sergas fueron llamados a declarar en primer término por prevaricación, pero tras un recurso presentado ante la Audiencia Provincial de A Coruña por la Fiscalía y con la adhesión de la Plataforma de Afectados, el instructor los tuvo que llamar a declarar también por un supuesto delito de homicidio imprudente.

   En esas mismas fechas también acudirán a declarar dos personas que no fallecieron pero que, según los denunciantes, "recibieron los tratamientos con dilaciones injustificadas".

   Además, para el día 21 de febrero están citados en calidad de testigos, a partir de las 9,30 horas el jefe de la Unidad de Trasplante Abdominal del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Evaristo Varo --cuya citación no se pudo llevar a cabo por un viaje profesional--; y la médico de la Unidad de Trasplante Hepático del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) Alejandra Otero.

INSTRUCCIÓN

   El juzgado de Instrucción número 3 sigue la instrucción de la causa en la que ya han comparecido, en calidad de investigados, los dos altos cargos del Sergas denunciados, Félix Rubial y Carolina González-Criado.

   Inicialmente, Lago Louro sólo los había llamado a declarar como investigados por un delito administrativo, pero en diciembre de 2016 la Audiencia Provincial de A Coruña emitió un auto en el que estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.

   Así, acordó que los cargos del Sergas investigados en el procedimiento abierto por el suministro de los tratamientos a los enfermos afectados por este virus fuesen llamados a declarar también como investigados por un supuesto delito de homicidio en seis de los ocho casos que incluía la causa.

ÚLTIMAS DECLARACIONES

   Las últimas declaraciones en el juzgado por este caso fueron en noviembre de 2017. Concretamente, el 29 de noviembre de 2017 el juez tomó declaración a tres testigos: el exdirector xeral que sustituyó a Félix Rubial al frente de Asistencia Sanitaria, Ramón Ares, que desde enero de 2006 está al frente de la gerencia sanitaria lucense; una doctora de la unidad de Trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), y el jefe de servicio del Sergas que actuaba como secretario de la subcomisión de tratamientos de la Hepatitis C.

   Tras las declaraciones, la acusación particular dijo que "los testimonios del personal facultativo, de farmacia y de gestión económica acreditaban que no se le puede atribuir al funcionamiento de la subcomisión ningún retraso en la dispensación de los fármacos".

   Para la acusación, las declaraciones de estas personas revelaron una "falta total de colaboración" por parte del Sergas y del personal vinculado con este organismo, que se "limitaron" a decir que "no recuerdan" o "no tienen conocimiento" de lo que en su momento se acordó en relación a estos tratamientos.

   Por su parte, un día después de las declaraciones en el juzgado, la Consellería de Sanidade sostuvo que "confirmaban la correcta actuación, basada en criterios exclusivamente clínicos, de los miembros de la subcomisión de Farmacia" y afirmó que "los testimonios del personal facultativo, de farmacia y de gestión económica acreditaban que no se le puede atribuir al funcionamiento de la subcomisión ningún retraso en la dispensación de los fármacos".