La Consellería defiende el trabajo de los inspectores que "verifican el cumplimiento de la normativa" de servicios sociales
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha advertido de que las sanciones de la Xunta a los ayuntamientos por el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y la reforma de la ley de dependencia generarán "aún más problemas" para las personas dependientes y para las administraciones locales, mientras que la Consellería de Política Social ha defendido la labor de los inspectores que verifican el cumplimiento de la normativa de servicios sociales.
En un comunicado, la Fegamp ha informado de la reunión entre el presidente, Alberto Varela, con los alcaldes de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, Rodeiro, José Luis Camiñas, y Valdoviño, Alberto González, así como con la alcaldesa de Samos, María Jesús López, para evaluar la situación creada por las sanciones impuestas por la Xunta por problemas en la gestión de SAF, que atribuye al hecho de que las administraciones locales no reciban la "financiación adecuada" desde la Xunta y desde el Ministerio de Derechos Sociales.
En la reunión, conforme ha indicado el ente municipalista, se ha aportado información de cómo proceden los ayuntamientos en la reclamación jurídica contra las sanciones y de la posibilidad de reclamar jurídicamente a la Xunta y al ministerio por sus "incumplimientos" en la "obligación legal" de ambas administraciones de financiar la totalidad del SAF, toda vez que "la obligación de los consistorios es la gestión, pero no la financiación".
"Pero están siendo los ayuntamientos los que están aportando la mayor parte de la financiación, ya que si el SAF cuesta de media por encima de los 20 euros/hora, llegando ya en muchos casos a los 25 euros/hora, entre la Xunta y el ministerio solo se aportan 12 euros/hora", ha denunciado el presidente de la Fegamp, que ha señalado que aún por encima de "no cumplir con sus obligaciones", la Xunta sanciona a los ayuntamientos por "no poder atender una hora de SAF con 5.000 euros".
En este contexto, la Fegamp ha informado de que este martes han recibido la respuesta de la conselleira de Política Social, Fabiola García, a la solicitud de reunión formulada por el ente antes del verano pasado, que ha sido fijada para el 3 de marzo, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento autonómico.
En esa reunión, además de reclamar la mejora de la financiación del SAF, la Fegamp ha avanzado que Alberto Varela reclamará la suspensión de esta sanciones por la "inconcebible" situación que crea la Xunta al sancionar ayuntamientos por padecer problemas en la gestión de este servicio motivada por la "falta de la financiación" de la que aseguran que la Xunta es responsable.
Por su parte, fuentes de la Consellería han señalado que el SAF será uno de los puntos principales de esta reunión, sobre lo que han destacado el "cumplimiento del acuerdo de la pasada legislatura" y el futuro del servicio. También pondrán encima de la mesa la reforma de la ley de dependencia aprobada este martes por el Consejo de Ministros.
XUNTA DEFIENDE TRABAJO INSPECTORES
Tras este comunicado, fuentes de la Consellería de Política Social han precisado que las sanciones impuestas a los ayuntamientos por el incumplimiento en la prestación del SAF corresponden a la actividad inspectora que "por ley tiene encomendado verificar el cumplimiento de la normativa de servicios sociales", así como "proponer la imposición de una sanción cuando constatan la comisión de una infracción legal".
Por ello, estas mismas fuentes han señalado que la Xunta tiene la "obligación" de velar por "el estricto cumplimiento de la ley por parte de todos los prestadores de servicios sociales, incluidas las entidades locales".
LEY DE DEPENDENCIA
Por otra parte, la Fegamp ha hecho referencia a la aprobación este martes en el Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la ley de dependencia, una aprobación que, según señala, coincide en el tiempo con que estos días se cumple un año desde que la Fegamp pidió una reunión al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. "Desde entonces, más allá de gestiones con personal del Ministerio, aún no se ha tenido respuesta", censura la Fegamp.
Asimismo, señala que la reforma de la dependencia empieza su largo recorrido legislativo con la "grave carencia" de falta de financiación para poder cubrir los nuevos servicios y derechos. "Desde el ministerio le suman a la falta de financiación del SAF esta nueva falta de financiación, alegando ser un problema derivado de la no aprobación de los presupuestos generales", denuncia Varela.
En este sentido, le ha recordado al ministro los problemas de gestión creados por la falta de fondos en la aplicación del Real Decreto 625/2023, que "incrementó significativamente las horas de servicio mensual del SAF en sus tres grados y, por ende, los costes a los ayuntamientos".
"Estamos hablando de un incremento de entre 19 y 24 horas más en el grado III, de entre 17 y 19 horas más en el grado II, y de hasta 17 horas más en el grado I. Y esto está suponiendo un sobrecoste anual estimado que varía entre 250 y 400 millones, con una intensidad mínima y máxima en cada grado, respectivamente, y que también está siendo asumido por los ayuntamientos".
Sobre esto mismo, desde Política Social han lamentado que esta reforma de la ley de dependencia no cuente con un incremento del financiamiento.
En esta línea, fuentes de la Consellería han recordado que el Gobierno mantiene una "deuda acumulada" en materia de dependencia con Galicia que estiman en "2.500 millones de euros".
También han reprochado al Ejecutivo que, entre otras cosas, con la reforma de la ley de dependencia se incrementen las funciones que tiene que desarrollar el SAF sin incrementar su financiamiento, algo que, han apuntado, "repercute directamente en los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias".