Ambas partes coinciden en que sean los ayuntamientos los que gestionen las ayudas y aseguran que pueden hacerlo "en cuestión de días"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La federación gallega de municipios y provincias (Fegamp) y las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra han remitido a las partes presentes en la negociación nuevas propuestas para el fondo común de rescate a la hostelería frente a la crisis de la covid horas antes de que se celebre una nueva reunión en Santiago.
Como a lo largo de toda esta semana, las cuantías que ponga cada entidad y quién gestionará esos recursos son los dos principales puntos de desencuentro entre estos representantes de la administración local y la Xunta (junto al Cluster Turismo de Galicia, que convoca los encuentros y está alineado con el parecer del Gobierno gallego).
La Fegamp informa a través de una nota de prensa de que comunicó a la Xunta y al Cluster la postura de las entidades locales (federación y diputaciones de Pontevedra, Lugo y A Coruña, que son las que también preside el PSOE, con el apoyo del BNG).
Al respecto, destaca que "subscriben el método del sistema de la Comunidad de Valencia, que propuso adoptar la Xunta de Galicia y que establece la gestión del fondo a través de los ayuntamientos".
"Respecto a la preocupación de los representantes de turismo y hostelería por las diferencias en los plazos de ejecución según las distintas localidades, el procedimiento de la Comunidad Valenciana y fórmulas ya en práctica en distintos municipios y recabadas por la Fegamp permiten la concesión de estas ayudas en cuestión de días", defiende.
FONDO ADICIONAL PARA AYUNTAMIENTOS QUE NO CONTRIBUYAN
Asimismo, la federación indica que "coincide con el modelo valenciano en que el reparto del fondo debe realizarse exclusivamente entre los ayuntamientos contribuyentes, para que sus vecinos se beneficien del esfuerzo de los impuestos que pagan".
Con todo, en base al principio de solidaridad, la Fegamp pide a la Xunta "que habilite un fondo adicional para aquellos ayuntamientos que demuestren su incapacidad para aportar dinero al plan de ayudas común".
DIPUTACIONES
Por su parte, las tres diputaciones con bipartito PSOE-BNG señalaron a última hora del jueves que mantienen "la necesidad" de que cada administración destine el 1% de sus presupuestos al fondo conjunto, y calificaron también de "irrenunciable" que los recursos "sean gestionados por los municipios".
Así, presentarán este viernes "una propuesta basada en el modelo Valencia, donde mediante un decreto autonómico se fijan los sectores beneficiarios, los criterios y hasta los importes de las ayudas que son por concesión directa y tramitadas por los ayuntamientos".
Según ratificó el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, el pasado miércoles al término de la segunda reunión para negociar este plan, la idea del Ejecutivo autonómico es que estas ayudas se dirijan tanto a hostelería y turismo como a micropymes y autónomos (al igual que un primer paquete de ayudas dotado de unos 80 millones de euros para paliar los efectos del coronavirus durante 2020).
Tras ese segundo encuentro, la negociación quedó pospuesta otras 48 horas (al igual que del lunes al miércoles) con 75 millones de la Xunta sobre la mesa (el 0,65% de sus cuentas para este 2021) y unos 5,5 millones de las diputaciones (el 1% de sus recursos).
Por su parte, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, trasladó la voluntad de los grandes ayuntamientos, al menos, de hacer ese esfuerzo presupuestario del 1%, con lo que aportarían algo más de 9 millones de euros.
MALESTAR HOSTELEROS
A toda esta situación se suma el malestar de hosteleros agrupados en diferentes asociaciones y que este viernes secundan una protesta que marchará por las calles de Compostela, hasta el complejo administrativo de San Caetano.
En la tarde del jueves se presentó, precisamente, una plataforma que engloba a unas 2.000 empresas y que pretende ser el germen de una federación gallega para dar "unidad" al sector ante la "fragmentación asociativa" que asegura que sufre, en un panorama en el que atribuye un "marcado carácter presidencialista" a las organizaciones existentes y proximidad de los posicionamientos del Cluster con los de la actual Xunta.