El fiscal baraja pedir que testifiquen Ineco y empresas que evaluaron el riesgo en Angrois

Antonio Roma valora esta posibilidad tras las comparecencias de expertos que coinciden en que no hubo un análisis integral en la línea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Antonio Roma baraja pedir al juez que instruye la causa por el accidente del tren Alvia en Angrois que llame a declarar en calidad de testigos a los responsables de Ineco y de empresas que realizaron evaluaciones de riesgo en la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el descarrilamiento.

El diario 'La Voz de Galicia' publica este miércoles que Roma valora esta posibilidad y fuentes de la Fiscalía consultadas por Europa Press han confirmado este extremo, al respecto del cual apuntan que "lo tiene que valorar jurídicamente", en base a las comparecencias que se produjeron este martes en sede judicial.

Ineco, empresa española de consultoría de ingeniería civil, elaboró un 'safety case' para la línea que consta en el sumario aportado por Adif como una evaluación relativa a la señalización, el sistema de protección del tren y el control del tráfico centralizado.

A mayores, después de una reciente comunicación del fiscal --según reveló el actual ministro de Fomento en funciones--, Adif, ya más de tres años después del siniestro, entregó en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega nueva documentación que admitió haber omitido "por error".

En ella se incluyen análisis preliminares de riesgos y los denominados 'hazard log' --de detección de amenazas--, en unos papeles en los que figuran los nombres de las compañías Thales y Dimetronic.

PERICIALES

Este martes, ante el magistrado Andrés Lago Louro y también ante los abogados de las distintas partes, ratificaron sus informes dos peritos de la aseguradora de Renfe (QBE) y un experto que elaboró un trabajo por encargo de un perito designado judicialmente.

Los tres aseguraron que no existe un análisis de riesgo integral para la línea, ni uno específico para la curva de A Grandeira, en la que se produjo el accidente por un despiste del maquinista y en la que el convoy debía reducir la velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora pero no estaba implantado el sistema de control 'ERTMS' en la vía y el embarcado estaba desconectado.

La disyuntiva entre ellos estriba en que, mientras los especialistas de QBE consideran que la norma sí obligaba a Adif a realizar este análisis integral, para el catedrático de la Universidad de Cantabria no era preceptivo en base a la normativa europea y española. Por su parte, el administrador de infraestructuras ferroviarias también planteó a través de sus preguntas a los peritos que con los documentos aportados cumplía con la legislación.