El fiscal pide mantener la imputación a Louzán y sobreseer la causa con respecto al resto de políticos

Considera que no hay pruebas de que el alcalde y los ediles recibieran regalos de Eiriña

VIGO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal ha presentado un informe al juzgado de instrucción número siete de Vigo, que dirige la investigación de la llamada 'Operación Patos', en el que pide el sobreseimiento de la causa con respecto a la mayor parte de los políticos (entre ellos el alcalde, Abel Caballero, y varios ediles) y reclama, por contra, mantener la imputación al expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán.

Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público reclama la apertura de piezas separadas contra Enrique A.P. (gerente de la constructora Eiriña), Jaime A.V., Rafael Louzán, Manuel G.J., Mauricio R.O., José Enrique E.P., Alberto T., Julio Manuel V.M., Agustín R.D., Álvaro C.C., José Manuel C.P., y Luis S.A.

Según el fiscal, estas 13 personas, entre las que, además de Louzán, están técnicos del Puerto, funcionarios, técnicos de la Diputación de Pontevedra y empresarios, podrían haber cometido los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y alteración de precios, entre otros, en la adjudicación de varias obras.

Entre los expedientes con supuestas irregularidades están obras realizadas por la Diputación en el campo de fútbol de Moraña y en un centro de la comunidad de montes de Coruxo, así como la presentación de presupuestos 'de acompañamiento' en otras tres obras.

El fiscal también aprecia indicios de delito en la adjudicación de la ampliación del puesto de control anexo al escáner de contenedores del Puerto; y en el pago, por parte del gerente de Eiriña, del servicio de prostitutas al funcionario del Ayuntamiento de Vigo Álvaro C.C. (por supuesto cohecho impropio).

SOBRESEIMIENTOS

Por otra parte, el Ministerio Público pide al juzgado el sobreseimiento de los restantes hechos y en relación con los demás investigados.

Así, se cerraría la causa para el alcalde de Vigo, Abel Caballero; los concejales socialistas Isaura Abelairas, David Regades y Ángel Rivas y el popular José Manuel Figueroa; también con respecto a la exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch; y otros empresarios y funcionarios que completan la lista de más de 30 investigados.

Según expone en su informe el fiscal, muchas de las supuestas irregularidades se basaban en la sospecha de que Enrique A.P. influía en cargos públicos y funcionarios para lograr adjudicaciones para su empresa o para otras.

No obstante, señala que, en la mayoría de los casos, no hay pruebas que corroboren que las adjudicaciones de obras o cursos, o incluso un supuesto ascenso de un funcionario, estén vinculadas a esa capacidad de influencia de la que presumía el propio gerente de la constructora.

COMPORTAMIENTOS REPROCHABLES PERO NO CRIMINALES

Con respecto a las obras del Ayuntamiento de Vigo investigadas en esta causa, el fiscal admite que, al margen de posibles irregularidades administrativas, o de comportamientos que puedan generar cierto reproche ético, no hay indicios suficientes de criminalidad.

En este sentido, el fiscal manifiesta que existen conversaciones entre el funcionario Álvaro C.C. y un técnico de Eiriña que "no parece un diálogo propio de un funcionario que debe informar con absoluta imparcialidad las ofertas".

En la misma línea, ve "sospechoso" que en una obra (humanización de la calle Nicaragua) puedan hacerse contraprestaciones gratuitas en forma de prestaciones de trabajo por parte de la contratista; o que la concesionaria Cespa pagase una actuación musical que correspondería al ayuntamiento.

Por otra parte, hace mención también a la contratación de varias personas por parte de Cespa a instancias del concejal Ángel Rivas. El fiscal considera "verosímil" que el edil hubiera realizado esos 'enchufes', pero precisa que esa conducta "no es tipificable en sede penal", ya que no hubo beneficio para el cargo público.

REGALOS DE NAVIDAD

Con respecto a los regalos de Navidad que, supuestamente, la empresa Eiriña habría entregado a cargos políticos y funcionarios, entre ellos el alcalde, Abel Caballero, y varios concejales, el fiscal tampoco ve probada la existencia de delito.

Pese a que hay un listado de regalos (bolígrafos y relojes de lujo, botellas de vino y otras atenciones), ninguno de los investigados ha admitido la recepción de dichos regalos.

El fiscal hace mención expresa al regalo que figura en esa lista como destinado al alcalde, una pluma Mont Blanc valorada en unos 1.500 euros. Según incide, figura en la causa una factura rectificativa, por lo que este obsequio, "o bien no llegó a ser entregado, o bien no fue aceptado y fue devuelto".