SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha destacado que la reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre proporciona "una visión actualizada" y "un marco jurídico apropiado" para combatir el tráfico de personas al "clarificar" la distinción entre tráfico ilícito e inmigración ilegal.
En su intervención en las Jornadas contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que desde el jueves acoge la Escola Galega da Administración Pública (EGAP) con motivo del Día Internacional contra estas prácticas, Carlos Varela ha señalado que el tráfico de personas es "una actividad de bajo riesgo y altos lucros", dado que las féminas entran en los países con visado de turista y sus "ilícitas" actividades pueden ser "fácilmente camufladas" como "legales".
A ello, se suma "el escaso número de condenas" que han sido dictadas hasta la fecha, según el fiscal, que atribuye este hecho a la "ausencia de una legislación adecuada y desactualizada", a la falta de "armonización" en las normas de los diferentes países, a la "burocracia excesiva", a la "actividad judicial dilatada en el tiempo" y a la existencia de funcionarios "corruptos".
En este escenario, Carlos Varela ha considerado "de suma importancia" para el "éxito" de las investigaciones encaminadas a desactivar estas redes de tráfico de personas la "cooperación" policial, judicial y del Ministerio público, a fin de obtener "pruebas de calidad que puedan ser llevadas a juicio y sean determinantes en la condena de los traficantes".
Para ello, en Galicia, tal y como ha apuntado el responsable de Fiscalía, se ha elaborado un plan específico de combate al tráfico de personas mediante la redacción del 'Protocolo de actuación institucional sobre adopción de medidas de prevención, investigación y tratamiento de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual", firmado con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y que pretende ser "un instrumento eficaz".
DATOS
La explotación sexual en Galicia afecta en la actualidad a mujeres principalmente de nacionalidad brasileña y rumana, según los datos del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), y genera, por lo general, un número "escaso" de procesos judiciales derivado de las pocas denuncias existentes.
Así lo evidencian los datos del TSXG relativos a la trata de mujeres en Galicia entre los años 2005 y 2008, en los que se identificaron en la Comunidad a 1.874 mujeres víctimas de explotación sexual en 519 actuaciones --460 de la Guardia Civil en clubes de alterne y 59 de la Policía Nacional en redes de tráfico--.
En el otro lado de la balanza, los procesos judiciales por estas cuestiones son "escasos" en Galicia, por la "dificultad" derivada de obtener una denuncia por parte de las víctimas. En concreto, la Comunidad registró en 2008 un total de 29 delitos asociados a la incoación de procedimientos por esta cuestión.
Aunque el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual es un "fenómeno clandestino, cerrado y complejo" que "impide" dar "datos oficiales y sólidos", si se tiene constancia de que las mujeres brasileñas --del Estado de Minas Gerais-- y las rumanas son las más afectadas por esta lacra en Galicia, continuando con las latinoamericanas en general.
La actividad explotadora en Galicia se realiza, sobre todo, en clubes de carretera o pisos privados, mientas que la modalidad de vía pública "no es la más común" en la Comunidad y sólo tiene "cierta incidencia" en la provincia de Pontevedra.