Fiscalía incluye 8 casos en su querella por "retrasos" en tratamientos contra hepatitis C y ve un delito de "homicidio"

Cree que la Xunta se movió por "criterios presupuestarios", afectando a enfermos que "se encontraban en estado grave y sin otra alternativa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía cree que los altos cargos del Sergas citados a declarar como investigados por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago "tramitaron con retraso injustificado, dilatando la toma de decisiones y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación" la facilitación de nuevos tratamientos contra la hepatitis C a pacientes gallegos, algo que, apunta, se realizó por "criterios presupuestarios".

Así lo recoge la querella remitida por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también se incluyen hasta ocho casos concretos de pacientes que tuvieron que esperar meses para recibir su tratamiento y que en su mayor parte fallecieron.

El juzgado que capitanea Andrés Lago Louro ha decidido ahora citar a declarar en calidad de investigados al actual gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria, y a la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, a quienes atribuye un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con el retraso del suministro de fármacos a pacientes afectados de hepatitis C, una denuncia que partió de la asociación Batas Blancas.

En la querella elaborada por la Fiscalía tras analizar la denuncia de la asociación, el Ministerio Público ve en la actuación de estos dos altos cargos, además, "indicios suficientes" de delitos de "homicidio por imprudencia grave profesional".

Por ello, le interesa que se abran diligencias citando a declarar a los ahora investigados, al autor de la denuncia y a facultativos y responsables, en calidad de testigos-peritos, para que aporten su conocimiento sobre los hechos.

RAZONES DE TIPO PRESUPUESTARIO

La querella recoge que esta situación fue sufrida por pacientes "que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica" y que el retraso "infringió los compromisos establecidos por las instrucciones por ellos elaboradas", hasta el punto de "poner en grave riesgo" la vida de los enfermos, algunos de los cuales fallecieron.

Para la Fiscalía, su investigación deriva en que el motivo de esta situación fue de tipo "presupuestario" y acusa a Félix Rubial de no haber "hecho una retención de crédito para atender la necesidad de gasto" para estos nuevos tratamientos y haber "delegado la responsabilidad de forma irregular en los centros de gestión integrada" para "fraccionarlo en contratos menores".

"Esto significa que solo se requiere para la aprobación del gasto una factura conformada por el jefe de contabilidad del centro correspondiente que, una vez pagada, se convierte en un único documento contable, que no es público ni fiscalizable, lo que motiva la necesidad de esperar a la transferencia de crédito a finales de año para su pago", recoge la diligencia.

OCHO CASOS

Para apoyar este relato, la Fiscalía trae a colación hasta ocho casos de pacientes afectados por los retrasos en la adjudicación de fármacos y que, en su mayor parte, resultaron fallecidos.

Entre ellos está un paciente del Hospital Clínico de Santiago para el que fue solicitado tratamiento el 18 de marzo de 2014 y que, sin embargo, la Subdirección General de Farmacia no registra como tal hasta el 1 de julio, "sin darle prioridad, pesa a la urgencia de dicha petición".

En el caso de este paciente, la necesidad de modificar la petición inicial para que se acogiese a una financiación gratuita tras el retraso inicial hace que no se administre hasta el mes de agosto, cuando su estado ya se ha deteriorado tanto que fallece el 3 de septiembre.

Asimismo, recoge el caso de otro paciente que, tras ser solicitado el tratamiento por su médico de forma reiterada en mayo, septiembre, octubre y noviembre de 2014, es finalmente puesto a su disposición el 19 de diciembre, cuando ya había fallecido.

Entre otros casos, la querella recoge también el de una mujer de A Coruña que recibió el tratamiento seis meses después de solicitarlo, y, como consecuencia del empeoramiento sufrido durante la demora, falleció un mes después.

Del mismo modo, la Fiscalía recoge el caso de un cuarto paciente fallecido tras esperar más de dos meses a la autorización del tratamiento y de un enfermo que, formulada su solicitud en diciembre de 2014, no consta hoy en día en su historia clínica que haya recibido el fármaco.

"NO HAY FINANCIACIÓN"

Otro de los casos incluidos en la denuncia implica a un paciente cuyo médico solicitó el tratamiento para él en enero de 2014, reiterando la petición en febrero y marzo, cuando se hace constar en su historia clínica que "está autorizado por el laboratorio" pero que "no hay financiación". El enfermo no comenzó a recibir el fármaco hasta el 18 de junio y falleció por complicaciones en agosto de ese año.

Entre los dos últimos casos a los que hace referencia la querella está la de un paciente que esperó más de cuatro meses hasta que le fue autorizado el tratamiento --de febrero a junio de 2013-- y que falleció en septiembre sin que conste que se le trasladase la medicación; así como el de un enfermo que falleció en enero de 2015 sin llegar a recibir el tratamiento solicitado en el mes de diciembre.