La Fiscalía pide la apertura de juicio oral por coacciones contra la mujer que denunció a Baltar

   La acusación popular considera que quien tendría que hacer esta solicitud es Baltar y no el fiscal jefe de Ourense

   OURENSE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha solicitado la apertura de un juicio oral por un delito de coacciones contra Teresa F. C, la mujer que denunció al presidente de la Diputación provincial, Manuel Baltar, por ofrecerle supuestamente un puesto de trabajo a cambio de mantener relaciones sexuales.

   La Fiscalía considera que existen "indicios racionales sólidos" que demuestran que la mujer quería obtener un trabajo en la diputación provincial o en entidades vinculadas a la misma, semejante al de un funcionario o de personal fijo, pero "sin realizar las pruebas de selección legales y necesarias".

   Como justificación de estos indicios se ha basado en las denuncias, conversaciones telefónicas y declaraciones aportadas por la propia denunciante, así como en las declaraciones del denunciado Manuel Baltar y de su padre y antecesor en el cargo, José Luis Baltar.

   Para la Fiscalía la mujer intentó "presionar" con "un supuesto pacto y una supuesta relación sexual" de forma directa al presidente de la Diputación ourensana, pero también a su padre y antecesor en el cargo, José Luis Baltar, para que influyera en su hijo y "le dieran de manera ilícita un puesto de trabajo".

   Según el fiscal, estas compulsiones para realizar un acto ilegal se evidenciarían a través de las propias conversaciones grabadas por la investigada cuando abordaba en la vía pública a ambos, y reiterando su petición en los distintos contactos que mantuvo con ellos.

   El escrito de Fiscalía incide en que aunque Manuel Baltar y José Luis Baltar "se sintieron presionados para realizar un acto ilegal" no realizaron "ninguna actuación" que permitiese a la mujer lograr sus objetivos.

    Por este motivo pide que se abra juicio oral por coacciones a la denunciante, mientras que mantiene el sobreseimiento de las actuaciones con el resto de los investigados: Manuel Baltar, por acoso sexual y cohecho; y José Luis Baltar, por cohecho.

ACUSACIÓN POPULAR

   Por su parte, la acusación popular, ejercida por Democracia Ourensana (DO), ha mostrado sus "reservas" sobre la "legitimidad de la Fiscalía para entrar en el tema de las coacciones". Así, el abogado de la formación considera "sorprendente y curioso" que quien realice esta acusación sea el fiscal, cuando "debería hacerlo el supuesto coaccionado (Manuel Baltar)".

   También ha llamado la atención sobre el hecho de que las mismas pruebas y grabaciones que se descartan a favor del supuesto delito de acoso sexual por parte de la denunciante "tengan credibilidad y trascendencia" para justificar esa supuesta coacción.

   Democracia Ourensana ha confirmado que ha recurrido el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra el presidente de la Diputación, Manuel Baltar Blanco, por los presuntos delitos de acoso sexual y cohecho, y que mantiene que siga la instrucción contra el presidente de la diputación y la mujer "por delitos de cohecho y tráfico de influencias".

EL CASO BALTAR

   La causa se inició en 2016 a raíz de una denuncia de Teresa F. C., quien acusó ante la Fiscalía a Manuel Baltar de haberle ofrecido un empleo a cambio de sexo y aportó varias pruebas como mensajes que supuestamente le habría enviado el dirigente popular y grabaciones.

   La Fiscalía archivó inicialmente esta denuncia, pero Teresa F.C. acudió al juzgado. Como resultado de este paso, la titular del Juzgado de instrucción número 3 de Ourense acabó citando a ambos implicados, Baltar y la denunciante, en calidad de investigados por un supuesto delito de cohecho.

   El pasado mes de mayo el Juzgado de Instrucción nº3 de Ourense acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra el presidente de la Diputación, Manuel Baltar Blanco, por los presuntos delitos de acoso sexual y cohecho.

   En relación al supuesto acoso sexual, la jueza consideraba que no había quedado acreditada la existencia de ningún tipo de relación de dependencia entre la denunciante y Baltar, un elemento que es imprescindible para acreditar el delito.