SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad gallega registró en el segundo trimestre del año un total de 1.350 denuncias por casos relacionados con la violencia de género, una cifra que supone una tasa de 9,33 denuncias por cada 10.000 mujeres, la tercera más baja del conjunto del estado.
En concreto, según los datos del último informe del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Galicia se produjeron en el segundo trimestre del año 1.350 denuncias, de las que 75 renunciaron después al proceso.
Esta situación generó una tasa de 9,33 denuncias por cada 10.000 mujeres, solo por encima de Extremadura --9,24-- y Castilla y León --8,89-- y muy lejos de las cifras de Murcia --21,37 denuncias por cada 10.000 mujeres-- o Canarias --con 20,16 denuncias por cada 10.000 mujeres--.
Por otra parte, los juzgados gallegos de violencia de género incoaron en este periodo un total de 286 órdenes de protección, de las que se adoptaron el 70 por ciento --199 órdenes-- y se rechazaron el 30 por ciento restante --87 órdenes--.
DATOS NACIONALES
El número de denuncias de violencia de género en toda España ascendió a 34.347 en el segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 5,7 por ciento respecto del tramo entre enero y marzo. Sin embargo, en este periodo aumentaron un 6,2 por ciento, hasta 4.016, los casos de mujeres que habiendo acudido a la Justicia, renunciaron a seguir con el proceso.
Según se desprende del informe, en comparación con el mismo periodo de 2010, las denuncias se han incrementado en un 0,3 por ciento y las renuncias, un 0,03 por ciento, lo que a juicio de la institución, indica "estabilidad".
La estadística, elaborada con datos de los 103 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) y de los 358 juzgados con competencias compartidas, indica que, de media, entre abril y junio se presentaron 377,4 denuncias diarias, el 70,49 por ciento de las cuales fueron interpuestas por las propias víctimas.
En este sentido, el informe explica que el 11,26 por ciento de las denuncias nacieron de partes de lesiones y el 16,27 por ciento, como resultado de la intervención policial, y destaca que "sólo el 0,97 por ciento de las denuncias fueron interpuestas por los familiares y el 1,02 por ciento como fruto de los servicios asistenciales".
En cuanto al perfil de la víctima, en seis de cada diez casos (59 por ciento) la relación de pareja se mantenía en el momento de interponerse la denuncia, mientras que en el resto de casos (41 por ciento) ya se había extinguido.
Las extranjeras "siguen siendo las más vulnerables" según el informe, ya que, una vez más, los datos arrojan una sobrerrepresentación de su presencia en las estadísticas: Son el 11,4 por ciento de la población femenina en España y el 36 por ciento de las denunciantes, con un total de 12.232 mujeres, así como suponen el 41 por ciento del total de renuncias a continuar con el procedimiento judicial.
Respecto a la respuesta judicial a las denuncias, los JVM, los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales enjuiciaron entre abril y junio a 14.679 personas, de las que el 97 por ciento eran hombres (el 66 por ciento españoles), y dictaron en total 14.185 sentencias, con un 59,13 por ciento de condenas frente a un 40,87 por ciento de absoluciones.
ORDENES DE PROTECCIÓN
En este periodo se solicitaron 10.639 órdenes de protección, lo que supone un incremento del 1,83 por ciento respecto del primer trimestre del año. El 84 por ciento se pidieron ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y el 16 por ciento en los Juzgados de Guardia. En total, el 67 por ciento (7.142) fueron acordadas.
Los órganos judiciales dictaron además 18.318 medidas penales derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, como la orden de alejamiento (acordada en el 81,6 por ciento) o prohibición de comunicación (82,7 por ciento), así como ordenaron 5.078 medidas civiles y otras medidas cautelares mientras se resolvía el proceso.
De estas medidas civiles, el 28,5 por ciento fueron sobre prestación de alimentos, el 23,3 por ciento eran relativas a la atribución de vivienda, el 7,5 por ciento suspendía la guardia y custodia de los hijos, un 3,8 por ciento acordó la suspensión del régimen de visitas y un 0,2 por ciento, la suspensión de la patria potestad, según el informe.