El gerente de una gestoría acusado de entrada ilegal de inmigrantes evita prisión

   VIGO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El gerente de una gestoría de Vigo acusado de facilitar la entrada ilegal de inmigrantes en el espacio Shengen, ha sido condenado a una pena de 2 años de prisión tras pactar con la Fiscalía una rebaja respecto a los 15 años que pedía inicialmente, lo que le permitirá eludir su entrada en la cárcel al haberle sido concedida la suspensión de la pena, a condición de no volver a delinquir en dos años.

   El hombre, Jorge S.P., al que se le han aplicado las atenuantes de reparación del daño y de dilaciones indebidas, también tendrá que abonar una multa de 900 euros y pagar una indemnización por un total de más de 30.000 a casi una veintena de perjudicados.

   El juicio por estos hechos estaba previsto que se celebrase en la mañana de este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, pero no ha llegado a celebrarse al llegar todas las partes a un acuerdo de conformidad, tras lo que el tribunal ha dictado sentencia 'in voce', que ha sido declarada firme al renunciar todas las partes a recurrir.

   En un principio, la Fiscalía pedía para el hombre 15 años de prisión, pero finalmente ha aceptado una pena total de 2 años, a razón de 1 año por tráfico ilegal de ciudadanos extranjeros e inmigración clandestina con ánimo de lucro en concurso con un delito continuado de falsedad documental; 6 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores y otros 6 meses por un delito continuado de estafa.

   Además, ha sido condenado a abonar sendas indemnizaciones de 1.000 euros a ocho personas por los perjuicios ocasionados en virtud del ataque a su dignidad como personas y a sus derechos laborales; y a indemnizar con cantidades de entre 200 y 3.780 euros a otras 11 personas. A mayores, tendrá que afrontar una multa de dos euros al día durante 15 meses.

ANTECEDENTES

   Tal y como consta en el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el acusado, Jorge S.P., gestionaba desde 2004 una gestoría ubicada en Vigo dedicada a la venta de seguros, pese a lo cual constaba a efectos fiscales, laborales y oficiales a nombre de dos hijos, de uno hasta el año 2006 y de otro hasta el año 2008. En adelante, figuraba una empleada.

   Según sostiene, el acusado "favoreció la entrada de varios inmigrantes senegaleses que se encontraban en situación irregular, simulando ante las autoridades que precisaba de sus servicios laborales". Así, afirma que suscribía ofertas de empleo y contratos "simulando la intervención de los titulares oficiales de la gestoría e imitando su firma", mientras que ellos "desconocían tales contrataciones".

   Siempre según el Ministerio Público, para su objetivo solicitaba ante el consulado de España en nombre de los ciudadanos, un visado por tres meses de residencia y trabajo y, una vez conseguido, viajaba con el ciudadano extranjero a Vigo y presentaba ante la Subdelegación del Gobierno "una falsa oferta de empleo como gestor financiero, con la que conseguía la autorización".

   En este marco, para "evitar que el fraude se descubriera, obligaba a acudir a la oficina unas horas al día --al "falso trabajador"--, en las que no realizaba ocupación alguna y mucho menos la de gestor financiero". Una vez que se le otorgaba el permiso de residencia, se le daba de baja en la Seguridad Social, obligando al extranjero a buscar un nuevo empleo para no perder el permiso de residencia.

   La Fiscalía sostiene que por realizar estos servicios, el acusado cobraba a cada ciudadano extranjero entre 4.500 y 6.000 euros, y les exigía 1.500 de adelanto, "obligando a entregar el resto cuando se encontraban en Vigo", motivo por el que "estos ciudadanos veían seriamente mermados sus derechos".