Gobierno provincial de Pontevedra y el PP se culpan mutuamente de la sentencia por los falsos becarios

   PONTEVEDRA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Diputación de Pontevedra ha celebrado este viernes un pleno en el que se ha vivido un agrio debate a raíz del cruce de acusaciones entre el gobierno provincial y el Partido Popular responsabilizándose mutuamente por sentencia del Tribunal Supremo que condena a esta administración por el caso de los falsos becarios.

   En el orden del día el PP solicitó la comparecencia de la presidenta y del diputado delegado del área de personal para dar explicaciones sobre ese fallo judicial, pero solo salió aprobada la comparecencia de López Font.

   El diputado socialista ha dado cuenta de la gestión del extinto Plan de Práctica Laboral, "ideado, creado y puesto en marcha por el Partido Popular en 2012, con Rafael Louzán en la presidencia", hasta que en el año 2019 "fuimos inteligentes en modificarlo" y se aplicó un plan nuevo "basado en contratos de formación y seguridad jurídica" y que "fue rechazado por el Partido Popular".

   "Cuando se gobierna no se puede decir una cosa y cuando se pasa a la oposición decir la contraria", ha reprochado Font, sobre la "falta de coherencia" del PP.

   El vicepresidente y portavoz del BNG, César Mosquera ha señalado que "está claro que no tiene que ver con este gobierno, la guerra está en otro lado" porque, según ha dicho, "los hechos no casan: el PP hace un plan del que presume, después un tribunal dice que eso está mal y resulta que la culpa es nuestra. No hay por donde cogerlo". "Ventílense entre ustedes", ha arengado.

   La portavoz del PP, Pepa Pardo, ha rebatido esta afirmación asegurando que fue "un Plan de Práctica Laboral que nace bien", pero que ellos "pervierten en los años 2016, 2017 y 2018 y que lleva a que les apliquen esta condena", por lo que ha pedido al Gobierno provincial que "hagan el favor de asumir su verdadera responsabilidad".

   Carmela Silva únicamente ha intervenido en el debate para significar la presencia en el salón de plenos de la Televisión de Galicia cuando "la TVG nunca viene a la Diputación de Pontevedra", pero "hoy obligaron a un trabajador" para que grabe "exclusivamente" este punto del orden del día.

   La "manipulación" de un medio público "para mayor gloria del Partido Popular" es algo que "me parece intolerable", ha dicho Carmela Silva, que ha exigido "medios públicos que no manipulen la información" algo que ha calificado de "insostenible" en un estado democrático y de lo que ha responsabilizado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

   También ha advertido de que, "si no se publica todo lo que aquí se dice, se tomarán las medidas oportunas".

VILLA DE PITANXO

   El pleno de la Diputación de Pontevedra ha arrancado con una declaración institucional de dolor por el naufragio del pesquero 'Villa de Pitanxo' y la presidenta, Carmela Silva, "en nombre de todos" expresó su "solidaridad con Ucrania". También se dio lectura a un manifiesto por el 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer, escrito por la politóloga Priscila Retamozo. Este manifiesto inicia la extensa programación que la administración provincial detallará en rueda de prensa el próximo lunes.

   En la parte resolutiva, el pleno ha aprobado por unanimidad un expediente de modificación de créditos que permite la incorporación al presupuesto de 26 millones de euros de remanentes. Con este suplemento y los 25 millones del crédito solicitado para el Plan ReacPon el gobierno dispondrá de 226,8 millones a los que, además, habrá que sumar los fondos europeos.

   Sobre el destino de estos recursos, el diputado responsable del área de Economía, el socialista Carlos López Font ha señalado que con ellos habrá mayor apoyo a los ayuntamientos, con más recursos, asistencias técnicas y cofinanciación de los fondos europeos, así como un "extraordinario impulso" a las infraestructuras provinciales. Font ha asegurado que esto es "un hecho único e histórico".

   Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, el nacionalista, César Mosquera ha destacado que esta operación demuestra que hay "un gobierno sólido que tiene las prioridades muy claras y puede actuar con agilidad" y además "la situación económica de esta administración es muy buena" y que está actuando con "eficiencia y prudencia" para seguir teniendo recursos con los que atender las necesidades que surjan a lo largo del año.

   El Partido Popular no intervino en el debate en este punto y también votó a favor de la incorporación de estos remanentes.

SPAIN FILM COMMISSION

   La corporación también ha aprobado por unanimidad la adhesión de la Diputación de Pontevedra a la Spain Film Commission. Esta entidad es la referencia nacional e internacional destinada a promover el trabajo en red entre instituciones políticas, agentes del sector del turismo, del audiovisual y del cultural.

   La presidenta de la Diputación, Carmela Silva firmó esta adhesión el mes pasado en Fitur consolidando la apuesta del Gobierno provincial por el cine y el sector audiovisual como factor cultural y de promoción turística. Pontevedra es la única provincia gallega en entrar en este grupo de trabajo.

CERDEDO- COTOBADE

   El Partido Popular presentó una moción en la que reclaman a la Diputación que mantenga para Cerdedo-Cotobade las mismas cantidades del Plan Concellos que venía percibiendo, que como ayuntamiento fusionado recibía la parte línea fija de acuerdo a lo que le correspondería a los dos ayuntamientos por separado.

   El portavoz del grupo provincial del PP y alcalde de este municipio, Jorge Cubela calcula que con la reducción deja de ingresar 250.000 euros anuales, o como dijo Cubela "nos trincan" 500.000 euros entre 2022 y 2023, "fundamentales para el plan de empleo, inversiones, mejora de servicios y actividades". Argumentó que la Diputación de A Coruña sigue reconociendo la singularidad de Oza-Cesuras, que se fusionó antes.

   En su respuesta César Mosquera ha indicado que "en el Plan Concellos se trata a todo el mundo exactamente igual" y que "no hay excepciones salvo lo que dice la ley", que marca cinco años de excepción para estos municipios fusionados. Pasado este tiempo la Diputación rechaza mantener cualquier "discrecionalidad" con Cerdedo-Cotobade.

   "Seamos serios, usted tuvo un ayuntamiento dopado, sobrefinanciado y quiere mantenerlo" y ha añadido "aquí no se hacen excepciones y a todos los ayuntamientos se les trata igual", ha rematado.