Grupo Colmeiro se pregunta si la investigación a Mafo puede ampliarse a otras operaciones de cajas

Caramés ve nacionalización de pérdidas en Bankia, Calvo apunta al Ejecutivo, Seijo defiende los mecanismos y Bastida cree dañada la imagen

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Colmeiro de análisis y debate se pregunta si la investigación abierta por la justicia al exgobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez ('Mafo'), puede ampliarse a otras actuaciones del organismo regulador en otras operaciones como fusión y venta de algunas cajas de ahorro.

A través de un comunicado, el grupo señala que, en cualquier caso, la invsetigación abre las puertas a que se aclaren "algunos aspectos sombríos" sobre la salida a bolsa de Bankia.

La reestructuración bancaria "ha costado cara a España", según advierte Colmeiro. "Han sido unos 40.000 millones de euros destinados a una profunda transformación del sector que debería garantizar un correcto funcionamiento del sistema en los años que vienen", señala.

Por ello, Grupo Colmeiro traslada, mediante una nota de prensa, análisis y valoraciones de algunos de sus miembros sobre la dimensión y consecuencias que puede alcanzar esta investigación sobre el exgobernador y técnicos de la entidad reguladora de las finanzas españolas.

"ESCÁNDALO MONUMENTAL"

Así, para el coordinador de este 'think tank', el catedrático de Economía aplicada de la Universidade de Santiago de Comostela (USC) Luis Caramés, "si los indicios que advierte la Audiencia Nacional acaban llevando a la demostración de que el regulador conocía la auténtica situación patrimonial de Bankia antes de su salida a bolsa, el escándalo se confirmará como monumental".

Para el economista de la USC, el Banco de España ha tardado "demasiado" en aportar una interpretación "coherente" sobre la actuación
en el caso Bankia y ahora es la justicia "quien acelera los tiempos".

Caramés añade que "no fue el mejor camino para mostrar al mercado
que el sistema financiero era confiable, ni mucho menos". "Un caso más
de nacionalización de pérdidas", apunta.

"TODO EL SISTEMA BANCARIO"

Más contundente es la valoración del economista Santiago
Calvo López. "Debe aclararse el papel que jugaron tanto el Banco de
España y la CNMV como el Ejecutivo a la hora de traspasarle el coste
de unas decisiones políticas al pequeño ahorrador, y no solo en el caso
Bankia, sino en todo el sistema bancario español y su posterior
recapitalización con fondos públicos", asevera.

Calvo sostiene que "un sector tan privilegiado y conectado con el
poder estatal hace evidente que las responsabilidades son tanto del
Ejecutivo como del Banco de España". Y añade el economista que "resultado de todo esto es un rescate bancario que no debió producirse."

A su juicio, "debieron ser los acreedores los que sufrieran la mala
gestión de sus inversiones, no los contribuyentes". Dicho esto, una vez
producido, opina que "debió haberse gestionado de tal forma que se redujera el quebranto para todos los ciudadanos".

"CONDUCTA PARTICULAR"

Ante la posibilidad de que lo que esté en causa en estos momentos sea
el propio sistema de supervisión del Banco de España, el profesor de
Economía Javier Seijo es precavido en su valoración. y considera que lo que se está enjuiciando "no es el sistema de supervisión, sino la conducta particular de algunas personas".

Seijo explica que el sistema de supervisión está compuesto no solo del Banco de España sino también del Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE). Según este profesor, "los mecanismos de supervisión y regulación en España son avanzados y similares a los de los países con sistemas financieros más desarrollados".

También la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es una
entidad reguladora, con especiales competencias en cuanto a las
sociedades y títulos que cotizan en bolsa, recuerda. Por
tanto, sus actuaciones en la salida a Bolsa de Bankia pueden ser
"determinantes para estimar si la OPV de Bankia se llevó a cabo en
condiciones de transparencia y veracidad de la información".

"Si no fue así, se habría perjudicado de manera notable a los inversores, y especialmente a los pequeños accionistas", indica. El economista afirma que queda demostrado "hasta qué punto se ha dañado la economía y reputación de muchas personas que fueron parte activa de la OPV de Bankia u de otras emisiones de productos financieros complejos".

"No hay lugar a una investigación sobre el sistema en su conjunto. La
práctica totalidad de la banca privada no ha recibido ayudas públicas,
solo la mayor parte de las entidades provenientes de las antiguas cajas
de ahorro", sentencia Javier Seijo.

Por tanto, concluye que la mayor parte del sistema financiero no está en cuestión en este aspecto, "por más que algún asunto puntual como el
de las cláusulas suelo requiere de una reconsideración acerca de la
transparencia e igualdad de capacidad en la contratación de servicios
y productos financieros".

EXDIRECTIVOS DE NOVACAIXAGALICIA

Por su parte, para la profesora de la Facultad de Relaciones Laborales de la USC María Bastida, la investigación a Fernández Ordoñez abre la posibilidad a conocer "exactamente que aconteció en el origen y gestión de la salida a Bolsa de Bankia e identificar responsabilidades y/u omisiones".

Para la profesora compostelana, no es posible obviar el daño en imagen ya que este es "un factor en la configuración de expectativas y
correlaciona directamente con la confianza".

Según Bastida, el sector financiero lleva años inmerso en una crisis de imagen, particularmente el Banco de España, y "este factor puede incidir en su negatividad, máxime teniendo en cuenta las recientes sentencias" a los exdirectivos de Novacaixagalicia.

En cuanto al cuestionamiento al organismo regulador, la profesora Bastida considera que "el proceso de delegación transfiere autoridad, pero nunca responsabilidad".

En relación a la posibilidad de que se cree una nueva comisión de
investigación, como piden algunos grupos políticos en el Congreso,
María Bastida es escéptica: "Tenemos experiencia suficiente para
desconfiar del funcionamiento de estos mecanismos", afirma.

Pero reconoce que la ciudadanía se merece "poder distinguir entre acción y omisión, error o fraude, ética y responsabilidad, y saber exactamente quién ejecutaba, ordenaba y obedecía instrucciones". Y, "por supuesto, quién las dictaba", remacha.