Imputados los siete ediles de Santiago que aprobaron pagar la defensa a otro

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La portavoz del Gobierno municipal defiende que la decisión se "ajustó a derecho" y acusa a la jueza de "persecución política"

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

  Los siete concejales presentes en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santiago que aprobó el pasado 30 de mayo pagar los gastos de defensa al edil Adrián Varela, imputado en la 'Operación Pokémon', han recibido un auto en el que se les imputa por prevaricaciónal tomar esta decisión.

   La portavoz del gobierno municipal y de la Junta de Gobierno, María Pardo, ha informado este lunes en rueda de prensa de que acaban de recibir el auto que cita a los siete ediles a declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago de Compostela el 19 de diciembre.

   Los concejales compostelanos imputados son Amelia González, Juan de la Fuente, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello, María Castelao y la propia María Pardo, quien ha defendido que la decisión de abonar la defensa a Adrián Varela "se ajusta a derecho" y ha considerado que "hay una persecución política clara" por parte de la titular de este juzgado.

   Pardo ha explicado que la denuncia que ha originado el caso la presentó ante la Fiscalía un particular, sobre el que ha dicho que no conoce que tenga ninguna relación con el Ayuntamiento. El argumento utilizado es que la decisión de abonar los gastos de defensa tendría que haberse demorado hasta conocer si el edil resultaba absuelto. La denuncia fue admitida a trámite y se imputa un delito de prevaricación a cada uno de los concejales presentes, ha expuesto.

   La portavoz del Gobierno municipal ha sostenido que la decisión de la Junta "no solamente es ajustada a derecho", sino que "es una práctica" aplicada en otros ayuntamientos y también en el de Santiago. En concreto, ha mostrado un documento por el cual se asignaba un abogado al concejal socialista Bernardino Rama en 2009, por el caso de la Praza Roxa. "Enseñamos esto pese a que no lo estamos denunciando, puesto que es ajustado a derecho", ha insistido.

   La propuesta de Varela, ha proseguido, llegó a la Junta de Gobierno "avalada por un informe del director de la asesoría jurídica y secretario municipal" y el vicesecretario municipal dio "su conformidad" en la propia reunión. Ambos firman este mismo lunes otro documento en el que se reafirman en que la decisión es "conforme a derecho" y en que, en caso de resultar condenado, Varela tendría que reintegrar el dinero que hubiese desembolsado el Ayuntamiento.

   En cualquier caso, Pardo ha recordado que posteriormente, en julio, el propio Adrián Varela presentó otro documento renunciando a percibir cualquier tipo de compensación por los gastos de su defensa.

"ABUSO DE LA VÍA JUDICIAL PENAL"

   La concejala ha manifestado su "respeto" por "todas las decisiones de la justicia", aunque ha apuntado que "otra cosa es que se compartan" y que en este caso percibe "una persecución política clara" por parte de la titular de este juzgado.

   Su opinión "personal", ha matizado, es que "la mala imagen, a lo mejor, no la está dando el Ayuntamiento, sino otros órdenes jurisdiccionales". "Que todo se vaya por la vía penal en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago contra el Ayuntamiento del PP da que pensar. Los ciudadanos no son tontos y pensarán qué pasa para que resoluciones de juntas de gobierno que nunca se han adoptado en contra de los informes, ni de la Intervención, ni de la Secretaría o un informe técnico se lleven por la vía penal", ha agregado.

   Pardo ha recriminado que se suceden "imputaciones a cargos públicos que finalmente resultan infundadas y sobreseídas", en alusión al sobreseimiento de la causa contra el actual alcalde, Ángel Currás, y el anterior regidor, Gerardo Conde Roa, por la denuncia de un policía local, que depende del mismo juzgado que ahora ha imputado a estos siete ediles.

   Así, ha expresado su "preocupación" por lo considera "una deriva penal de la justicia", de modo que "temas que pueden resolverse por las vías social o administrativa acaban indefectiblemente en la vía penal", en lo que "puede llegar a parecer un abuso de la vía judicial penal para influir en la acción política".

LA SITUACIÓN "REFUERZA AL GOBIERNO"

   Preguntada acerca de la situación en la que queda el Gobierno municipal, con 10 de los 13 concejales del PP en activo imputados, María Pardo ha replicado que "la gente no es tonta". "Si los ciudadanos son listos, y los de Compostela me consta que lo son, creo que refuerza al Gobierno esta situación y se ve claramente cómo se juega a la política desde todos los frentes", ha manifestado.

   Sobre si habrá dimisiones, la portavoz ha indicado que cada uno de los concejales contestará sobre este asunto. "Yo voy a decir la verdad, después me reñirán: a mi me dan ganas de irme para mi casa, pero no lo voy a hacer por responsabilidad, por compromiso con los ciudadanos, porque me gusta lo que hago y creo que lo estoy haciendo bien y lo estamos haciendo todos bien", ha proclamado.