Investigados cuatro exaltos cargos de la Xunta por el dragado de la Ría de Ferrol

   Están citados en sede judicial acusados de tres delitos a raíz de una denuncia presentada por Adega ante la Fiscalía ambiental

   FERROL, 30 May. (EUROPA PRESS) -

   El que fue director xeral de Conservación da Natureza de la Xunta en el año 2011, Ricardo García-Borregón Millán, ha sido citado a declarar el próximo 6 de junio, en calidad de investigado, por supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación y falsedad documental, por haber autorizado, supuestamente, el dragado del canal de la Ría de Ferrol, con el objetivo de "permitir", según la asociación ecologista Adega, la entrada y salida de "grandes buques como los gaseros de Reganosa" hasta su planta, situada en el interior de esta ría..

   Fue la organización ecologista Adega la que presentó entonces una denuncia por esta autorización, que fue admitida a trámite y que ha derivado en una investigación a instancias del Fiscalía ambiental del Tribunal de Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que además ha hecho extensiva esta investigación a otros tres exaltos cargos de ese mismo departamento en aquel momento.

   En concreto, se trata de Rogelio Fernández Díaz, que fue subdirector xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade; Javier Turrillo Montiel, entonces jefe del servicio de Análisis e Proxectos y Carlos Múñoz, que fue jefe del servicio de Conservación da Natureza en la Delegación Provincial de la Xunta en A Coruña, todos ellos en estos cargos cuando el actual portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Santiago, Agustín Hernández, dirigía la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

   Los cuatro han sido citados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que instruye las diligencias previas relativas a este asunto, tras haber presentado la entidad ecologista una denuncia ante la Fiscalía ambiental por ejecutar estos trabajos, valiéndose de una draga, sobre los fondos de la ría ferrolana, actuaciones se prolongaron durante dos meses, entre octubre y noviembre de 2011.

SUPUESTO INFORME

   Según ha asegurado Adega en un comunicado, los investigados "presuntamente elaboraron después de iniciadas las obras del dragado una autorización ambiental basada en un supuesto informe técnico que no figuraba en el expediente".

   Además, según esta organización ecologista, una vez finalizadas las obras de dragado y tras las gestiones del Valedor do Pobo y la Fiscalía Ambiental, ante la denuncia, "apareció el informe que, curiosamente, recomendaba la no ejecución del proyecto por sus impactos ambientales".