La entonces edil trasladó a Espadas que no estaba dispuesta a aprobar "chanchulladas" de Conde Roa, como la de la Finca do Espiño
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El delegado territorial de Aquagest en Galicia, Henry Gómez Laíño, afirmó en su declaración ante la jueza que instruye la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara, que "hubiese sido más factible" renovar el contrato en la capital gallega si la actual portavoz del PPdeG y entonces edil, Paula Prado, hubiese relevado como alcaldesa a Gerardo Conde Roa porque ella estaba "muy al tanto de los temas previos" y Ángel Currás "era edil de Cultura y no entendía de qué iba todo esto".
Según figura en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, Laíño y el gerente de la empresa en la capital gallega, José Luis Míguez, negociaron con Conde Roa y su entonces jefe de gabinete Ángel Espadas la prórroga del contrato del servicio en la ciudad --que finalizaba en 2019-- por otros 14 años. A cambio, Aquagest comprometía "inversiones" por 20 millones de euros en los años de mandato popular.
En el sumario, los funcionarios de Aduanas que investigaron el caso constatan "presiones" a técnicos que se oponían a esta prórroga mediante escuchas telefónicas e incluso hay conversaciones en las que Míguez alude a supuestas gestiones del entonces alcalde con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para agilizar el cambio en los puestos de interventor y secretario, extremo que Laíño niega ante De Lara.
Laíño también niega "desvíos de dinero" para fiestas y para equipos como el Obradoiro y alega que, en el caso del club de baloncesto, los 60.000 euros que se destinan al mismo son "un patrocinio". "Bueno, un patrocinio no, un rescate, pero no tiene nada que ver con la renovación", matiza, a preguntas de Pilar de Lara, antes de mostrar su convicción de que "toda la corporación" apoyaba un proyecto "político" y beneficioso para la ciudad.
La jueza se interesa, en cualquier caso, en saber "por qué prefería" que Prado fuese alcaldesa cuando Conde Roa dejó la Alcaldía tras ser imputado por delito de fraude fiscal, a lo que Laíño responde que veían a Currás "demasiado burocrático y lento, mientras que Paula estaba muy al tanto de los temas previos".
"¿No sería porque creía que Paula le iba a dar más para adelante?", inquiere la jueza, ante lo que el responsable de Aquagest dice que "no". "Currás era edil de Cultura si no me equivoco, no entendía de que iba todo esto. Paula había sido partícipe y de alguna manera conocía todo el proceso por lo que era más rápido", argumentó.
"CHANCHULLADAS" DE CONDE ROA
En esta coyuntura, Laíño esgrime que los responsables de Aquagest temían que el proceso se dilatase en el tiempo y que la propia empresa acabase retirando el proyecto porque los ingresos habían "bajado" y la inversión de 20 millones de euros era muy elevada. La jueza incide en la elevada facturación de Aquagest en Santiago y en las comisiones que le hubiera supuesto al delegado cerrar una prórroga por 14 años más.
Así las cosas y después de trabajar con Conde Roa y Espadas, Laíño ratifica ante la jueza que cree que hubiera sido "más factible" con Prado que con Currás que el proyecto, que finalmente se acabó retirando, saliese adelante porque se podría haber tramitado "mucho más rápido", aunque admite que tampoco está seguro de que así se hubiera aprobado.
De hecho, en una conversación incluida en el atestado del 'Caso Aquagest de Santiago', se recoge que Prado trasladó a Espadas que ya había hablado con el nuevo alcalde y que le había dicho que ella no iba a aprobar "las chanchulladas de Gerardo (Conde Roa)", como "por ejemplo la de la Finca do Espiño".