Los jueces solo terminan una investigación por corrupción en Galicia en 2023

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por corrupción a 256 personas físicas y jurídicas en España en 2023 y concluyeron la investigación en 32 procedimientos, entre los cuales solo uno se produjo en Galicia (con solo una persona acusada), según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Durante 2023, los jueces españoles concluyeron un total de 32 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 185 personas físicas y 71 personas jurídicas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 13 sentencias en todo el territorio estatal.

   Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al año 2023 y a su último trimestre.

   Estos datos se corresponden con la denominada corrupción pública, la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, lo que abarca así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

   Andalucía está a la cabeza en estos procedimientos de corrupción el año pasado, con 16, la mitad del total del país. Le siguen Madrid y Comunidad Valenciana, ambos con cuatro casos cada una.

   Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 56 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 38 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 67,9 por ciento de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 18 sentencias restantes, el 32,1 por ciento del total, eran absolutorias.