El juez Aláez tomará declaración al interventor general del Estado antes de ser sustituido por Andrés Lago

José Carlos Alcalde es el duodécimo imputado por formar parte del consejo de administración de Adif cuando se inauguró la línea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez Luis Aláez será quien tome declaración al interventor general del Estado todavía al frente de la investigación sobre el accidente del Alvia en Angrois y antes de ser sustituido por Andrés Lago en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.

José Carlos Alcalde, actual interventor general del Estado, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado este lunes 16, a las 10,00 horas, por formar parte del consejo de administración del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) cuando se inauguró la línea Ourense-Santiago (en diciembre de 2011) en la que se produjo el siniestro.

Su citación, la número 12 en vigor de exrepresentantes de Adif, se produjo "por error" después de la de otros nueve exmiembros del consejo de administración, el expresidente Antonio González Marín y el exdirector de Seguridad en la Circulación Andrés Cortabitarte López.

Todos ellos se negaron a declarar ante Aláez --cuya sustitución se hará efectiva en torno al día 20 de este mes-- e indicaron que esta decisión se mantendrá hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados contra su imputación --de los propios imputados, la Abogada del Estado y la Fiscalía--. Al tener José Carlos Alcalde el mismo abogado que otros cuatro imputados, todo apunta a que la estrategia será la misma.

Adif, según fuentes del organismo consultadas por Europa Press, sigue a la espera de la resolución de la Audiencia y destaca que los argumentos jurídicos que utilizó el fiscal en esta ocasión fueron "los mismos" que los empleados a finales de año, ante otras imputaciones, que finalmente resultaron levantadas.

INFORME FINAL DE LA CIAF

Este nuevo pase ante el juez se producirá después de que la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), adscrita al Ministerio de Fomento, concluyese que las causas del descarrilamiento que ocasionó 79 muertes fueron "un exceso de velocidad del tren" y la "falta de atención" del maquinista al responder una llamada telefónica.

En un informe de 266 páginas publicado el pasado 4 de junio y que ya fue remitido ya al Juzgado, los miembros de la comisión eximen de responsabilidad a la operadora Renfe y al administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), de forma que la única responsabilidad recae, según el informe final, sobre el "personal de conducción".

Pese a todo, el informe incluye recomendaciones para Adif, Renfe Operadora y la Dirección General de Ferrocarriles. En concreto, a Adif le propone normativizar "que todas las reducciones de velocidad a partir de un cierto rango estén señalizadas en la vía con señales fijas de limitación de velocidad" y gestionar la implantación "progresiva" de balizas.

A la Dirección General de Ferrocarriles, entre otras cuestiones, le plantea "incluir un análisis de riesgos específico" en el proceso de puesta en servicio de nuevas líneas ferroviarias y también implantar "las disposiciones necesarias para que las comunicaciones con el personal de conducción en cabina se realicen de forma segura, con el fin de evitar distracciones".

En el caso de Renfe, en cuyo seno se transmitió una advertencia por parte de un jefe de maquinistas, la CIAF pide "reforzar" los procedimientos para que las deficiencias relacionadas con la seguridad que se detecten en cualquier estamento "se reconduzcan hacia los canales funcionalmente establecidos para su análisis y consideración, asegurando así una eficaz gestión preventiva".