LUGO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Lugo acogerá este martes, día 26, la vista previa a la apertura de juicio oral por la denominada 'Operación Campeón', que, si nada cambia tras esta fecha, será juzgada entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre en este mismo lugar.
No obstante, el que finalmente se abra juicio oral dependerá de si Fiscalía y defensas de los 13 procesados llegan finalmente a acuerdos de conformidad en relación a los delitos.
Cerrar la negociación de este tipo de acuerdos es uno de los puntos relevantes a los que está orientada esta vista previa, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, que indican que algunos de los procesados ya han recibido por parte del Ministerio Fiscal ofertas que implicarían la rebaja de la condena en caso de que admitiesen los hechos. Las conversaciones se iniciaron hace "meses", con la idea de no llegar a la vista oral, pero su conclusión permanecerá en el aire hasta el martes.
De no producirse ningún cierre de acuerdos en la vista, que abordará también cuestiones previas, el 24 de octubre se sentarán en el banquillo un total de 13 procesados, entre ellos el principal implicado, el titular de la empresa Nupel Jorge Dorribo, así como a dos excargos del Igape y un exdiputado del PP; para responder en relación a una supuesta trama de fraude en ayudas y subvenciones en relación con el Igape.
La 'Operación Campeón', iniciada en mayo de 2011 bajo la instrucción de Estela San José, investigó a varios cargos del Igape, junto con el empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel, entre otras personas, por supuestas concesiones irregulares de subvenciones a través de esa firma farmacéutica lucense que dirigía el principal procesado. Además, el caso salpicó también a altos cargos políticos de varios partidos, alguno eximido de responsabilidades, como fue el caso del exministro José Blanco.
INVESTIGADOS Y PETICIONES
Antes de alcanzar con ninguno de los procesados un acuerdo, el escrito de la Fiscalía pide para los 13 acusados las penas máximas por los delitos que se les atribuyen, y que suman 78 años de prisión y más de 66 millones de euros en multas
El principal procesado es el empresario lucense Jorge Dorribo, a quien la Fiscalía atribuye varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, delito continuado de cohecho, blanqueo de capitales, delito contable y delito de insolvencias punibles.
Para él pide una pena máxima de más de 19 años de cárcel y 16 millones de multa por haber supuestamente diseñado un entramado para cobrar subvenciones públicas del Igape de forma fraudulenta a través de la empresa Nupel.
El Ministerio Fiscal también acusa a los exaltos cargos del Igape Joaquín Varela de Limia --para quien pide 2 años y nueve meses de cárcel además de multas-- y Carlos Silva --2 años y cinco meses--, que asumieron sus cargos en el instituto de crédito gallego y que fueron apartados de sus funciones en 2011, año en el que fueron detenidas quince personas en Santiago y Lugo en el marco de la 'Operación Campeón'.
En concreto, la Fiscalía acusa a Carlos Silva, que era subdirector del Igape, de varios supuestos delitos contra la Hacienda Pública, al igual que a Joaquín Varela de Limia, que era director general del instituto de crédito. Además, el Ministerio Público acusa al exdiputado del PP de varios delitos contra la Hacienda Pública y un delito de tráfico de influencias y cohecho.
Por otro lado, también figuran como procesados dos socios de Dorribo en Nupel, Arsenio M.P. --para quien el fiscal pide 10 años de prisión-- y Carlos M.A. --5 años de cárcel--, así como Marcos I.P., supuestamente vinculado con las supuestas facturas falsas, junto con José Manuel E.F., que ayudaría en sus tramitaciones a Dorribo. Además, Javier R.D. --vicepresidente de Proitec, una de las empresas de la trama, junto con Nupel--, Cristina Q.S., Araceli G.G., María Isabel F.P. y María Inmaculada A.T. también se sentarán en el banquillo.
Finalmente, entre los procesados figura el exdiputado popular Pablo Cobián, quien dejó su escaño en el Parlamento de Galicia al trascender la investigación y para el que Fiscalía pide cerca de cuatro años de prisión como máximo por delitos contra la hacienda pública y tráfico de influencias.