El juzgado levanta el secreto de la mayor parte de la causa, que afecta a 122 tomos

Aglutina en otra pieza las declaraciones de Conde Roa, una concejala, un exedil, Paula Prado y Leonard Patterson, que siguen secretas

LUGO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo ha comunicado este martes a las partes el levantamiento del secreto de la mayor parte del sumario en la causa, que afecta a 122 tomos, conocida como 'Operación Pokémon', pero mantiene entre los folios aún declarados secretos las declaraciones de una concejala de Santiago, un exedil compostelano, la dirigente del PPdeG Paula Prado, del excalde Gerardo Conde Roa y del marchante de arte Leonard Patterson, que ha aglutinado en una pieza separada.

Según ha informado el juzgado, ha levantado el secreto en relación a unos 120 tomos que componen la causa, a excepción de algunos folios distribuidos en diferentes tomos sobre unas actuaciones concretas, que ya forman parte de una pieza separada que, por el momento, sigue declarada secreta.

El propio juzgado lucense ha explicado que se ha decidido la separación de esta pieza para "no entorpecer" la tramitación de la causa principal.

De los 122 tomos que componen la causa, han sido digitalizados y cotejados por el secretario en este momento 55. Mientras que se sigue avanzando en este trabajo, las partes personadas podrán consultar los tomos que aún no están en soporte digital en el propio juzgado.

Según señala el auto firmado por la jueza instructora, Pilar de Lara Cifuentes, con fecha 10 de febrero, al que tuvo acceso Europa Press, "procede alzar el secreto de sumario que pesa sobre las presentes actuaciones, salvo en aquellas relativas a los folios que se indican" y "las investigaciones relativas a los hechos a los que se refieren, que se mantendrán en secreto".

Al respecto, la jueza aclara en el auto que "continúan practicándose diligencias de investigación cuyo conocimiento por las partes podría frustrar el éxito de la instrucción".

El auto especifica que en 73 de los 122 tomos enumerados hay folios sobre los que la jueza instructora mantiene el secreto, así como en las actuaciones que se practiquen en relación con los mismos.

PIEZA SEPARADA

La magistrada ha declarado, además, la continuidad del secreto de las manifestaciones de la concejala de Régimen Interior y Personal de Santiago, Amelia González Brandariz; el exalcalde Gerardo Conde Roa; el exedil de Seguridad compostelano Albino Vázquez Aldrey; la que fuera concejala y actual portavoz del PPdeG, Paula Prado; y del marchante de arte Leonard Patterson.

Según señala la jueza en el auto, esas declaraciones "se transcribirán parcialmente a fin de no interferir en el resultado de otras investigaciones en curso", facilitándose a las partes en las piezas correspondientes "su transcripción parcial".

Además, concreta que las actuaciones declaradas secretas se continuarán practicando "en una pieza aparte" a fin de "no interferir el curso y desarrollo de cada uno de los procedimientos y poder tramitar los procedimientos". Puntualiza, asimismo, que el secreto de esta parte "se prorroga por un plazo de un mes".

ACTUALIZACIÓN CADA 15 DÍAS

El juzgado instructor facilitará a las partes copia de las actuaciones por medio de soporte digital, que se irá actualizando cada quince días. Además, ha indicado que con el fin de facilitarles los formatos digitales, las partes han de comparecer en la secretaría del juzgado, donde se les entregarán tales copias.

Posteriormente, y a medida que avance la digitalización del procedimiento, se procederá a la grabación en los mismos soportes que se les haya facilitado a cada uno.

No obstante, el juzgado puntualiza en el auto, recogido por Europa Press, que "aún careciendo de una sede adecuada para ello", en tanto no esté digitalizado completamente el procedimiento y cotejado en su totalidad por el secretario judicial, "las partes podrán tomar conocimiento del resto de actuaciones no digitalizadas mediante el examen del procedimiento en la oficina judicial".

El secreto sobre el grueso de la 'Operación Pokémon', en la que figuran más de un centenar de imputados, se levanta año y medio después de las primeras detenciones en septiembre de 2012 en relación con esta investigación dirigida por el juzgado de Pilar de Lara Cifuentes por delitos contra la administración pública, falsedad documental y blanqueo de capitales, entre otros, en relación a la supuesta concesión irregular de adjudicaciones públicas a cambio de sobornos o regalos, con el grupo de empresas Vendex en el epicentro de la trama.