Los juzgados arrancarán la semana "en servicios mínimos" a la espera de la evolución de un conflicto aún encallado

   El foco está puesto en la reunión convocada para este lunes, precedida de duras acusaciones entre Xunta y sindicatos

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los juzgados gallegos arrancarán la semana "en servicios mínimos" a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto abierto entre los funcionarios del sector judicial y la Xunta, hasta ahora encallado y que ha derivado en una huelga indefinida que provocó, entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, la suspensión de cientos de juicios y miles de trámites.

   Por el momento, los representantes del Gobierno gallego y los sindicatos parecen enrocados en sus respectivas posturas, aunque el foco ahora está puesto en la reunión que los representantes sindicales han convocado para este lunes. Los "mayores avances", según el comité de huelga (en el que están representados SPJ-USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.), se produjeron con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, pero la Xunta da por cerrada esta vía.

   De hecho, el Ejecutivo autonómico presentó en un último encuentro, que terminó con un encierro del comité de huelga en dependencias autonómicas, un "documento de cierre" que considera "generoso" y que es el que mantiene "sobre la mesa", con una subida retributiva --a través del complemento autonómico transitorio-- que sitúa entre los 660 y los 900 euros anuales.

   En concreto, la Xunta plantea, a través del complemento autonómico transitorio, un incremento de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. El incremento, que tendría efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades.

   Además, la propuesta recoge que este aumento en el complemento es compatible con mantener el concepto retributivo de 'IPC gallego', que ya perciben los funcionarios por trabajar en la administración autonómica gallega y que supone en torno a 9 euros al mes para los gestores; 8 euros al mes para los tramitadores; y 7 euros al mes para el cuerpo de auxilios.

   A los sindicatos no les satisface la propuesta económica, ni tampoco el hecho de que se posponga el arranque de su aplicación hasta el 1 de enero de 2019. Rechazan que sea "ilegal" un incremento en 2018 y sugieren la vía de la "productividad" que contempla, alegan, la Ley del Poder Judicial, para poder aplicarla.

   Además, inciden en que el hecho de que se realice en tres anualidades supondría que no cobrarían el total comprometido hasta 2021 y en que ni siquiera esas cifras "se corresponden con la subida real" que se alcanzaría dentro de tres años (que sitúan en torno a los 500 euros).

   También está enquistada la "discriminación" que denuncian en las bajas por incapacidad temporal, en relación a sus compañeros jueces o fiscales, por ejemplo; mientras en otras cuestiones, como la consolidación de empleo, las amortizaciones o la cobertura de puestos de compañeros de rango superior, ambas partes han reconocido avances, aunque con diferencias.

CONVOCATORIA PARA EL LUNES

   Con el foco en el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el pasado viernes los sindicatos le acusaron con dureza de "mentir" y censuraron su "indecencia". Pero, tras mostrar sus "cifras", como les había pedido, volvieron a insistir en que no se cierran al diálogo y emplazaron la presidente gallego --o al vicepresidente, Alfonso Rueda, en su defecto, según dijeron en rueda de prensa-- a una reunión el lunes en Santiago.

   El Gobierno gallego respondió el mismo viernes descartándolo y asegurando que quienes tienen que acudir son "los representantes de la negociación" (hasta ahora en la mesa han participado los directores xerais de Función Pública, José María Barreiro, y de Xustiza, Juan José Martín).

   Lo que ocurrirá en esta cita, fijada para la mañana del lunes en la Escola Galega de Administración Pública, está por verse. Este domingo, en una entrevista con 'Faro de Vigo', preguntado acerca de con qué expectativa acudirá la Xunta a este encuentro, Rueda replicaba que la Administración "no abandonó la mesa de negociación" y continúa "abierta a retomar el diálogo".

   "Si presentan una buena propuesta, la analizaremos y responderemos", ha garantizado el vicepresidente. "Lo primero que pedimos es que vuelvan a negociar y levanten la huelga indefinida, que perjudica a todos los ciudadanos y a los propios trabajadores de la justicia con los salarios más bajos. Apelo a su responsabilidad para avanzar en la negociación y que dejen de tener a los ciudadanos como rehenes", ha añadido.

   A raíz de estas declaraciones, fuentes del comité de huelga han comentado a Europa Press este domingo que, desde que solicitaron el pasado viernes "de manera formal" la convocatoria de la mesa de negociación no han recibido "ninguna comunicación" por parte del Gobierno gallego.

   Pese a que en el escrito interpelan directamente a Feijóo y Rueda a sentarse a negociar, el comité de huelga ha matizado que "en principio" no "discriminarán" a ningún interlocutor; aunque avisan: "Si vienen con la misma actitud e ignorancia de cómo funciona la justicia, nos levantaremos de la mesa y la huelga sigue adelante".

   Así, ante las acusaciones de Rueda de convertir en "rehenes" a los ciudadanos, los trabajadores de justicia mantienen que "la pelota está en el tejado" del Gobierno gallego, al que acusan de encarar el conflicto "con un totalitarismo basado en la mayoría absoluta" que ostentan en el Parlamento gallego.

EFECTOS DE LA HUELGA

   Entre tanto, los sindicatos que representan a unos 2.700 trabajadores del sector judicial gallego han advertido de los efectos que podría tener en unos juzgados ya de por sí sobrecargados que se prolongue el conflicto en el tiempo: cada semana de huelga, "hasta un año de retrasos".

   Y es que subrayan que la media de juicios suspendidos al día es "de entre 600 y 800", una cifra que rebaja la Xunta porque la considera exagerada. En todo caso, a los juicios habría que sumar los miles de trámites aplazados y la práctica paralización de los registros civiles, con los consiguientes perjuicios para el ciudadano que admiten las dos partes del conflicto.