Louzán seguirá como asesor del PP en la Diputación de Pontevedra con unos 43.900 euros

   Los populares piden "prudencia" y "responsabilidad" para no precipitarse en valoraciones antes de que el expresidente provincial sea juzgado

   PONTEVEDRA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El expresidente de la Diputación de Pontevedra y del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Louzán, seguirá como asesor del PP en la administración provincial, según ha confirmado la formación popular, un puesto de confianza por el que cobra 43.935 euros anuales.

   Los portavoces provinciales del PP, Ángel Moldes y Nidia Arévalo, han confirmado este martes que Louzán seguirá como asesor a pesar de que dejó la militancia del partido tras trascender la apertura de juicio oral por un supuesto delito continuado de cohecho impropio por la causa de los supuestos sobrecostes de unos bajos de Navia, en Vigo.

   Ángel Moldes ha pedido "prudencia" y "responsabilidad" para no precipitarse en valoraciones antes de que Louzán sea juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra y se dicte sentencia. "Lo que debemos ser todo el mundo es prudentes, dejar trabajar a la Justicia y, llegado el momento, cada uno asumirá sus responsabilidades", ha señalado.

   Además, ha recordado que el actual equipo de gobierno de la Diputación de Pontevedra, conformado por el Partido Socialista y el BNG, "es el que más imputados tiene de los últimos años" y, a pesar de ello, por parte del PP inciden en el tema "por respecto a las personas y los partidos".

   Moldes ha insistido en que Louzán pidió la baja temporal y voluntaria del partido "para su mejor defensa y para no perjudicar" a la formación que presidió durante años y ahora habrá que "esperar con prudencia" a que pase el tiempo y se resuelva la causa.

APERTURA DE JUICIO ORAL

   El Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados decretó la apertura de juicio oral contra Louzán; contra su esposa, Teresa C.F., por cohecho impropio; y contra el exdiputado del PP en la Diputación por Pazos de Borbén Severino Reguera Varela, en su caso por un delito continuado de cohecho pasivo.

   La Fiscalía pide una pena de un año de prisión y también la suspensión de empleo y cargo público durante dos años y tres meses.