Louzán se ve víctima de "persecución" por un caso que "no se sostiene"

Adscribe la investigación a su "ámbito privado" y sostiene que volvería a actuar "exactamente igual" en relación al alquiler de los bajos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Diputación de Pontevedra y presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, ha reiterado este jueves su inocencia ante la decisión de abrir juicio oral contra él por un supuesto delito de cohecho y ha asegurado sentirse víctima de una "persecución sin base" y de un intento de "ajusticiarlo" por un caso que "no se sostiene".

"¿Queremos justicia o queremos ajusticiar por parte del Ministerio Fiscal a alguien llamado Rafael Louzán?", ha dicho el expresidente del PP de Pontevedra después de la decisión del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cambados de abrir juicio oral contra él, su esposa y el concejal de Pazos de Borbén Severino Reguera por un delito de cohecho.

Tras criticar que, "por tercera vez en este proceso" se ha enterado de esta resolución judicial --que aún no le han "notificado"-- por los medios de comunicación, Louzán ha adscrito estos hechos a su "ámbito privado" y ha sostenido que nada de esto deriva de su "gestión pública".

Así, ha visto en este proceso un intento de "persecución" de su persona. "Me quieren juzgar no por lo que hice, sino por lo que fui", ha dicho Rafael Louzán, que ha lamentado que se pretenda utilizar como "escarnio".

UN CASO QUE "NO SE SOSTIENE"

Sobre el caso, ha dicho que "no hay absolutamente nada" irregular y que "no se sostiene", por lo que pedirá de nuevo el archivo de la causa.

"Si hoy tuviese la misma oportunidad, lo haría de la misma manera", ha explicado el expresidente de la diputación pontevedresa, que ha ceñido las transacciones por sus bajos y los precios pagados a la "normalidad económica del momento".

Así, Louzán ha aportado documentación en la que se recoge que locales similares al suyo pagaban precios "incluso superiores" en aquel momento y ha asegurado que es "rotundamente falso" que obtuviese el beneficio que le atribuye el ministerio fiscal.

Del mismo modo, ha apuntado que la empresa del otro investigado, que se dedica al ámbito de la hostelería, tiene otros locales alquilados en la provincia de Pontevedra, "algunos más caros" que el suyo.

Rafael Louzán ha indicado que el Ministerio Fiscal pidió una auditoría económica tanto de él como de su familia "sin encontrar ninguna irregularidad" y ha rechazado que ofreciese ninguna contraprestación política al concejal investigado.

"Estamos ante un partido de doble vuelta y sólo se ha celebrado el partido de ida", ha dicho Louzán empleando un símil futbolístico, para añadir que las acusaciones del Ministerio Fiscal contra él "no tienen el más mínimo soporte documental".

El presidente de la Federación Gallega de Fútbol no ha querido entrar en la posibilidad de abandonar este cargo argumentando que está convencido de habrá un "fallo absolutorio" dada la "legalidad de todas las actuaciones". "Si hay verdadera Justicia, no puede ser de otra manera", apostilla.

INVESTIGACIÓN

El proceso judicial responde a la querella presentada por el fiscal Augusto Santaló por supuesto cohecho contra el expresidente provincial del PP de Pontevedra y exdiputado provincial y concejal de Pazos de Borbén Severino Regura en relación al alquiler de unos locales comerciales a un precio superior al del mercado.

En concreto, los hechos de los que le acusa tienen su origen en el año 2008, cuando Louzán y María Teresa C.F. reservaron cinco locales en la calle Teixugueiras de Vigo y finalmente compraron tres por 460.122,5 euros y cedieron la compra de los otros dos a Severino Reguera y su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera les prestó 103.748,42 euros.

Tras la compra, María Teresa C.F. firmó un contrato privado con la empresa Bruno Pan, de la que es administrador Severino Reguera y que tiene la sede en Ribadumia, para alquilarle sus tres locales. El contrato se firmó en 2008 por una duración de diez años prorrogable y por un precio de 3.584 euros y, según los datos de la investigación de la Fiscalía, excepto en el año 2008, en lo demás años el precio percibido por el arrendamiento superó la amortización de las cuotas hipotecarias.

DELITO

El fiscal aprecia un delito de cohecho cometido por el entonces presidente provincial, actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, y su esposa al alquilar los locales al grupo Bruno Pan S.L. del diputado provincial a un "precio superior" a la media de los alquileres de la misma zona, según sostiene en el escrito de acusación.

Por ello, el fiscal sostiene que "se infiere que el señor Louzán y esposa adquirieron unos locales comerciales de importante valor sabiendo desde el principio que el precio de la compra (préstamo hipotecario) iba a ser pagado por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en el mismo organismo (Diputación Provincial de Pontevedra) y mismo partido, y cuya proyección política, no es difícil adivinar, depende de aquél".

En este sentido, la Fiscalía aprecia "un trato de favor al expresidente del organismo provincial y esposa que, en definitiva, supone el regalo en consideración al cargo del mismo de unas importantes cantidades de dinero, y finalmente y a la postre de los locales comerciales, o, incluso de la totalidad del local unificado".

Por otro lado, el fiscal afirma que las relaciones entre Louzán y Reguera "alcanzan a más actividades y conexiones que las recogidas en este escrito y que son objeto de otras investigaciones judiciales".

PENAS

La Fiscalía pide un año de prisión y un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo para Severino Reguera por un delito continuado de cohecho pasivo cometido en su etapa como diputado provincial.

Mientras, para Louzán solicita un año de cárcel, un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y suspensión de empleo y cargo público por tiempo de dos años y tres meses.

Para su esposa, María Teresa C.F., el fiscal pide nueve meses de prisión, nueve meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y 14 meses de suspensión de empleo y cargo público. Además interesa el comiso de los tres locales comerciales propiedad de ambos.