Este lunes se retoma el juicio contra el guardia civil que mató de un disparo al exbatería de 'Los Piratas'

   El agente defendió la pasada semana su actuación, mientras que la acusación pide cuatro años de prisión y seis de inhabilitación

   PONTEVEDRA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Este lunes a partir de las 10,00 horas se reinicia en la sala de lo Penal número 2 de Pontevedra el juicio contra el guardia civil que, en agosto de 2015, disparó causando la muerte al exbatería del grupo musical 'Los Piratas' Javier Fernández.

   El viernes pasado, dos años después del suceso, arrancó el juicio en el que la acusación particular pide cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para el agente que, durante su declaración, defendió su actuación y justificó que no le quedó "otra alternativa". La Fiscalía no acusa en este caso y la defensa pide su libre absolución.

   La vista oral se inició el pasado viernes con la declaración del guardia civil que, en agosto de 2015, disparó causando la muerte al músico. El agente está acusado de un delito de imprudencia grave profesional por haberle disparado un tiro mortal cuando acudió a su casa por un aviso de violencia machista y se encontró con el músico "totalmente alterado".

   El exbatería tenía diagnosticado trastorno bipolar y había empezado a dejar la medicación por indicación del psiquiatra.

   Durante su declaración ante el juez, el guardia civil, Rubén Ll.A., que se limitó a responder a las preguntas del fiscal, del abogado de la defensa y del juez, mantuvo en todo momento su inocencia y declaró que le disparó con intención de inmovilizarlo porque había arrinconado a su compañero armado con un cuchillo y un tenedor y temió por su vida.

   "Si corre peligro la vida de una persona, yo tengo que actuar de la manera que actué. No me quedó otra alternativa", declaró el guardia acusado. "Lo único que pretendía era inmovilizarlo. No que quedó más remedio que reducirlo; nuestra intención primera era intentar calmarlo", expresó el pasado viernes.

LA ACUSACIÓN PARTICULAR PIDE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN

   Los tres abogados que ejercen la acusación particular en representación de la viuda, el hermano y los padres del músico piden cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para el agente, mientras que la Fiscalía no acusa en este caso y la defensa pide su libre absolución.

   Uno de los momentos más duros de la primera jornada del juicio fue la declaración como testigo de la viuda de Javier Fernández, Andrea Montes, quien relató que su marido llevaba años diagnosticado de trastorno bipolar y llevaba una vida normal y tranquila, si bien la situación cambió diez días antes del suceso.

   Tras nacer su bebé --tenía dos meses-- y por indicación del psiquiatra redujo a la mitad la medicación para ir dejándola y empezaron los delirios. Tres o cuatro días antes ya estaba "muy fuera de la realidad" y ese día fue a peor, lo encontró "muy nervioso" y con una actitud que le "asustó", pues "nunca le había visto en ese estado".

   Tras alertar a varios amigos por WhatsApp pidió a un grupo de personas que estaba trabajando en una finca cercana que llamasen para pedir ayuda que se tramitó, según confirmaron guardias civiles y sanitarios, como un caso de violencia machista, pero la mujer aseguró que no había sido agredida.

TESTIMONIOS CONTRADICTORIOS

   Uno de los puntos más polémicos de este caso se centra en determinar la credibilidad de uno de los testigos, Pablo, un amigo del fallecido que declaró que había presenciado la intervención del guardia dentro de la casa. Según su relato, cuando desenfundaba el arma, intentó impedirlo sujetándole el brazo y diciéndole que su amigo necesitaba medicación, pero el agente le respondió "que no iba a arriesgar la vida del otro compañero" y luego disparó.

   El agente acusado aseguró no haber visto a ese supuesto testigo dentro de la casa y tampoco la viuda llegó a verle, si bien desde el punto en el que se encontraba ella no se veía el interior de la vivienda. Los distintos testimonios se contradicen sobre este particular.

   La Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra investigó los hechos y la actuación del ahora acusado, y el responsable del informe concluyó que "no tenía otra opción que utilizar su arma" y que su actuación "entra dentro de lo que contempla el protocolo", una tesis en la que coincidió un capitán de la Policía Judicial especialista en tiro.