Más de 40 localizaciones gallegas registran abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, según el Defensor del Pueblo

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo ha señalado 43 localizaciones de Galicia (centros educativos, edificios religiosos parroquios y domicilios particulares, entre otros) en las que se comunicaron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia.

   Así se desprende del 'Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica' que hace un año y medio encargó el Congreso de los Diputados, y que este viernes el Defensor, Ángel Gabilondo, ha entregado a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

   Este documento recoge la localización de los abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica que han sido comunicados al Defensor del Pueblo durante el periodo de recogida de información citado, incluyendo todos los casos reportados sin descartar ninguna alegación, y siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica o si estaban prescritos, archivados o resueltos.

   Por provincias, la de Pontevedra es la que concentra mayor número de localizaciones (que no tiene por qué tener relación con el número de casos), 19.

   Entre ellos, dos campamentos de verano Salesianos (en Vigo y Cambados), el centro de acogida Teis, en Vigo; y tres domicilios particulares (en Forcarey, O Grove y Pontevedra). También en edificios religiosos coo el Monasterio de Acibeiro, en Forcarey; y el Seminario Menor de Caldas de Reis; así como en las parroquias de A Guarda, y de Bahíña y de Baredo, ambas en Bayona.

   En cuanto a centros educativos pontevedreses, se han registrado casos en el Colegio anexo a Lomba (antes Primo de Rivera) de Vilagarcía de Arousa. En la ciudad de Vigo, en el Jesuíta Apóstol Santiago, en el Marista El Pilar, en el Salesiano María Auxiliadora y en el Hogar San Roque. También en el colegio Misioneros Sagrado Corazón de Jesús, en Pontevedra; en el Instituto 1 de Marzo, en Bayona; y en el Internado Salesiano, en Cambados.

   Detrás de Pontevedra se sitúan las provincias de A Coruña y Ourense, con 10 localizaciones cada una. En la coruñesa, se han registrado casos en el colegio Marista Cristo Rey, en el Hijas de Jesús (Jesuitinas), en Marista, en Salesiano, en la Congregación Mariana (Luises y Kostkas), en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y en un domicilio particular.

   La capital de Galicia, por su parte, notifica dos localizaciones: el colegio La Salle y el colegio Salesiano.

   En la provincia de Ourense, el informe del Defensor del Pueblo recoge casos en el colegio Marista de Santa María, en el Salesiano María Auxiliadora, en el Seminario Mayor Divino Maestro y en dos domicilios particulares.

   También en el Monasterio de Xunqueira de Ambía y en el de San Clodio, en Leiro; así como en las parroquias de Avión y Seixalvo; y en un establecimiento hotelero de O Carballiño.

UN 0,6% DE LOS ESPAÑOLES HA SUFRIDO ABUSOS SEXUALES DE RELIGIOSOS

   A nivel nacional, el informe indica que un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso.

   En total, un 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas, teniendo en cuenta que en España hay 39.415.017 personas de 18 y más años, según el último dato del INE disponible facilitado a Europa Press.

   La encuesta demoscópica, encargada por el Defensor del Pueblo siguiendo el proceso de licitación de la Administración, contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española (8.013 personas) a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas de la institución que han sido objeto de tratamiento estadístico y del análisis de las demandas y preocupaciones plasmadas en el Foro de las Asociaciones.

   Esta revela, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años, es decir, 4,6 millones de personas. De ellas, un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar, es decir, 1,3 millones de personas.

   Por otro lado, la encuesta muestra que un 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron como bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.

   En una rueda de prensa, Gabiolondo ha explicado que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.

   El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por "la negación o la minimización del problema".

   En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la "negación y a la ocultación", sino incluso a "presiones" de representantes de la misma en las que "se les culpabilizaba de los abusos sufridos".

   No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buena prácticas en la Iglesia y reconoce "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".

   Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.

   El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.