Beatriz Mato asegura que la Xunta aplicará la ley de bienestar animal, la "más ambiciosa" del Estado y que obliga a sancionar irregularidades
A CORUÑA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, ha recordado que son los ayuntamientos los que tienen la "obligación de controlar" el abandono de animales en sus municipios y los encargados de otorgar la licencia para poder poseer un perro de una raza potencialmente peligrosa.
Así ha respondido, durante su participación en un desayuno informativo de 'Fórum Europa', al ser preguntada por la actuación de la Xunta a raíz de los dos casos de dos ataques de perros de razas potencialmente peligrosas en la última semana en Galicia.
Beatriz Mato, que considera que la ley gallega de bienestar animal --aprobada en el mes de octubre-- está "muy a la vanguardia" y, si cabe, es "la más ambiciosa" en comparación con las normativas del resto de comunidades del Estado, llama también a la concienciación de los dueños.
Un animal "es una responsabilidad, no es un juguete", ha dicho la conselleira, quien ha recordado que los propietarios de los perros potencialmente peligrosos tienen que registrar, poner microchip y vacunar a los animales.
A ello, ha agregado que "las administraciones, en concreto la local, tiene la obligación de controlar que no haya abandono" y, en materia de animales peligrosos, "siguen un régimen especial".
En estos casos, dice, los propietarios de los animales "tienen que pedir una licencia de carácter municipal para poder poseer un perro peligro y tienen que contar con una póliza de responsabilidad civil".
APLICAR LA LEY
"Más allá, el compromiso de la Xunta es aplicar la legislación vigente en materia de protección animal y la de perros peligrosos", ha apuntado la titular de Medio Ambiente, quien ha reconocido que la Administración autonómica tiene la obligación de iniciar el procedimiento sancionador en caso de que detecte que un propietario no cumple los requisitos para tener un perro de estas razas.
No obstante, ha puntualizado que en el caso de ocurrir una agresión, como ha pasado en el de Covelo (Pontevedra) en el que se ha pedido abrir la vía penal, la actuación de la Xunta sería distinta.