Miembros de la subcomisión de la Hepatitis C niegan criterios económicos, aunque "se habló del precio" en alguna reunión

   La acusación popular afirma que una integrante admitió que se habló en reuniones sobre el alto precio de los fármacos

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Miembros de la subcomisión que analizaba los tratamientos contra la Hepatitis C y que prestaron declaración judicial este miércoles en calidad de testigos han negado haber recibido indicaciones de los cargos del Sergas investigados en la causa --Félix Rubial y Carolina González-Criado--. Eso sí, una de las integrantes de este órgano habría reconocido que en alguna de las reuniones se habló "del alto precio" de los fármacos.

   La Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, que ejerce la acusación popular en la causa, ha informado de las declaraciones de miembros de este órgano y ha indicado que todos negaron haber recibido instrucciones para tomar "en consideración criterios presupuestarios o de financiación" para decidir sobre los tratamientos.

   También habrían manifestado que no les correspondía a ellos la decisión definitiva de autorizar los tratamientos, sino la de "señalar qué pacientes cumplían los criterios y qué pacientes no". Los criterios venían fijados, según su declaración, por la Agencia Española del Medicamento (AEM).

   Pese a ello, la propia subcomisión, como reconocieron según la Plataforma de Afectados, decidió en mayo de 2014 "establecer prioridades" o "fijar parámetros objetivos" que --según los denunciantes-- "restringieron" de facto los criterios de la AEM.

   "Más que limitarse a evaluar si se cumplían los criterios marcados, demostraron disponer de bastante autonomía para interpretarlos e incluso restringirlos. La admisión en sus declaraciones de haber tomado esta decisión los sitúa en un punto de responsabilidad cuando menos arriesgado", ha señalado el presidente de la Plataforma, Quique Costas.

   "Su insistencia en manifestar que actuaron en todo momento sin recibir instrucciones de los cargos políticos, combinada con la toma de decisiones como la que explícitamente reconocieron, puede hacer que nos veamos abocados a instar que se modifique su situación procesal", ha advertido, a renglón seguido.

"ALTO PRECIO"

   Por otra parte, la Plataforma apunta que una de las integrantes de la subcomisión que prestaron declaración, especialista en VIH, pese a negar instrucciones para tener en cuenta los altos costes de los tratamientos a la hora de informar de las peticiones, reconoció que "en alguna de las reuniones" de este órgano "se habló del alto precio de los tratamientos".

   En opinión de la acusación particular, este hecho "no parece encajar con la aplicación de estrictos criterios médicos".

NIEGAN INCUMPLIR LOS PLAZOS

   Los comparecientes también habrían negado haber incumplido los plazos de que disponían para evaluar los casos de los tratamientos solicitados por los especialistas, una afirmación que, según la Plataforma, "es no solo descabellada sino hasta una afrenta para las víctimas".

   "Recordemos que algunas fallecieron después de permanecer durante más de seis meses esperando por un tratamiento que ahora sabemos que los habría curado en un 97 por ciento de los casos y de que los médicos que los atendían reiterasen hasta en cuatro ocasiones la solicitud de su dispensación", esgrime la Plataforma.

   Por otra parte, desde el despacho de abogados de Pedro Trepat, que representa a la Plataforma, se ha hecho hincapié en el hecho de que, "a estas alturas de la instrucción aún no se practicó ninguna prueba testifical ni técnica de cargo, pese a que fue reiteradamente solicitado tanto por la Fiscalía como por la acusación popular".