Gobierno gallego y Fegamp firman el convenio para colaborar en la tramitación de multas, pero no zanjan la polémica
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, y el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, han firmado este viernes el convenio de colaboración para tramitar de forma conjunta las multas derivadas del incumplimiento de las restricciones por el coronavirus. Con todo, la polémica sobre las competencias de cada administración no ha quedado cerrada. El convenio, según recoge el documento consultado por Europa Press, estará vigente hasta que finalice la situación de emergencia sanitaria, aunque se puede hacerse por acuerdo de las partes.
Uno de los puntos clave de este convenio es que las entidades locales tendrán que abonar a la Xunta las horas extra del personal dedicado al desarrollo de las tareas. El Gobierno autonómico trasladó a la Fegamp "verbalmente" que "en ningún caso podrá superar el 10 por ciento de lo recaudado", según esta entidad ha informado.
Fuentes de la Vicepresidencia primera de la Xunta han explicado a Europa Press que, si bien este porcentaje no figura como tal en el convenio --como se puede comprobar-- es el cálculo que ha hecho la Administración autonómica. Así, se acabará de definir cuando se computen las horas al final del proceso.
Aunque van a colobarar, la polémica sobre la competencia no ha quedado resuelta, algo que, no obstante, se acabará solventando con la futura ley de salud de Galicia, a trámite en la Cámara gallega.
A través de un comunicado, la Fegamp ha esgrimido sendos informes de la asesoría jurídica de esta entidad municipal y de la Abogacía del EStado en la que se avala que la tramitación y responsabilidad en lo que respecta a las sanciones de carácter sanitario, como la motivada por el incumplimiento de la obligación de llevar mascarilla, "corresponden a la Xunta", que por lo tanto sería la autoridad encargada de gestionarlas, mientras que los ayuntamientos "solo son competentes en materia de salubridad y, por tanto, solo de las sanciones en este ámbito".
Sin embargo, la asesoría jurídica de la Xunta emitió un informe en sentido distinto, otorgando a los ayuntamientos la competencia de gestionar las sanciones en aquellos ámbitos en los que, precisamente, sean competentes los ayuntamientos. Este informe fue avalado después por el Consello Consultivo en los términos expresados.
VARIAS NEGOCIACIONES
Así las cosas, y tras varias negociaciones, Fegamp y Xunta firman un convenio por el que se reparten las actuaciones para gestionar las multas de los municipios más pequeños. En resumen, la Administración autonómica se encargará de realizar los documentos relativos a las sanciones y los ayuntamientos incoarán los expedientes, los resolverán y firmarán sus resoluciones.
La diretora xeral de Administración Local ha destacado la "importancia" de "mantener un diálogo fluido" y una "colaboración fructífera" con los ayuntamientos, lo cual, en este caso, permitirá que las denuncias que están pendientes "no queden sin tramitar" las sanciones.
CONVENIO
Los ayuntamientos que se sumen al convenio se comprometen a iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores y deberán remitir a la Xunta la información precisa para que se pueda ejecutar la encomienda de gestión.
Por su parte, el Gobierno gallego dispondrá de unidades tramitadoras, supervisoras y de coordinación que se encargarán de la elaboración material de los trámites en auxilio técnico de los instructores de los procedimientos designados por los ayuntamientos, que se encargarán de la formalización de los actos de carácter jurídico.
Tanto las unidades tramitadoras, como los ayuntamientos, contarán con una guía de tramitación en la que se recogerán todas las actuaciones necesarias para que las unidades tramitadoras puedan completar los expedientes electrónicos de cada procedimiento, antes de remitirlos a los ayuntamientos para su archivo.
TRÁMITES
El personal de la Xunta podrá encargarse de redactar los acuerdos de incoación, de realizar las notificaciones de los acuerdos, con las que se aportarán cartas de pago o de elaborar propuestas de resolución en los casos en que no se proceda al pago o cuando haya alegaciones.
Este apoyo se realizará bajo la supervisión del ayuntamiento, singularmente el instructor, que se deberá encargar de su formalización, así como de firmar los acuerdos de incoación y propuestas de resolución. En resumen, la Xunta se encargará de redactar documentos y los ayuntamientos los revisarán y darán su firma a las sanciones.