El pleno de Santiago autoriza un millón para pagar sentencias de anteriores mandatos

PP y BNG cuestionan la "urgencia" y el PSOE acusa al gobierno de buscar "culpables" frente a su gestión financiera, que equipara a la de Conde Roa

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado, con los votos a favor del grupo de gobierno (Compostela Aberta) y la abstención del resto de miembros de la Corporación (PP, PSOE y BNG), un expediente de modificación de crédito que asciende a casi un millón de euros para afrontar el pago de tres sentencias judiciales derivadas de decisiones de mandatos anteriores.

   En concreto, el expediente de modificación de crédito asciende a 949.453,46 euros. La mayor cantidad, 693.571,27 euros, será para afrontar una parte del pago que el Ayuntamiento le tiene que hacer a la empresa que inició la construcción del parque comarcal de bomberos de Salgueiriños.

   El pago para esta sentencia es parcial, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga a abonar 1.018.000 euros, junto con unos intereses que están estimados en casi 500.000 euros.

   La segunda sentencia que se va a pagar con cargo al expediente de modificación de crédito aprobada es la relativa a la liquidación del transporte urbano del año 2008, por la que el Ayuntamiento le tiene que abonar 135.589,50 euros a la UTE Autobuses Urbanos de Lugo y TRAP S.A. por un error a la hora de calcular el coste del combustible.

   Esta sentencia es idéntica a la que ya ha recibido el Ayuntamiento respecto a las liquidaciones de transporte en los años 2007, 2009, 2010 y 2011, que suman 485.562 euros. La empresa también ha recurrido los acuerdos relativos a las liquidaciones de los años 2012, 2013 y 2014.

   En tercer lugar, la modificación de recursos permitirá pagar una sentencia relacionada con unas facturas del contrato de asesoría jurídica que quedaron sin abonar del anterior mandato, y por las que ahora hay que abonar 112.381 euros.

   En la misma sesión, también con el voto a favor de los ediles de Compostela Aberta y el rechazo del resto, se ha autorizado una amortización anticipada de deuda por importe de más de 1,2 millones de euros.

"UNA REFLEXIÓN"

   Encargada de exponer la modificación de crédito, la concejala de Economía e Facenda, María Rozas, ha enfatizado la elevada cuantía que habrá que pagar para afrontar sentencias (calcula que su global supera los 3 millones de euros) y ha llamado a hacer "una reflexión" sobre los efectos de determinadas decisiones en los "bolsillos" de los vecinos.

   Enfrente, populares, socialistas y nacionalistas han incidido en que gobernar conlleva decisiones que a veces confrontan después con la "interpretación" judicial, y han augurado que futuros gobiernos heredarán pagos similares derivados de la gestión actual.

   El portavoz del PP en el debate, Manuel Martínez, y el portavoz local del BNG, Rubén Cela, han criticado "la forma y el fondo" del expediente de crédito y han alegado que "se abusa de la tramitación de urgencia", por "falta de planificación" y una dotación "inadecuada" del fondo de contingencia que debe responder a "imprevistos" en la administración. En la misma línea se ha pronunciado el socialista Paco Reyes.

   Y es que en este pleno también se introdujo con carácter urgente y se aprobó, de nuevo con la abstención de la oposición, una tercera cuestión financiera: la transferencia al Auditorio de Galicia de 124.146,62 euros, una aportación "complementaria" para mantener su actividad, toda vez que, según el grupo de gobierno, este año recibió "menos subvenciones que en ejercicios anteriores".

   La oposición también ha ligado esta modificación a "falta de planificación" del gobierno local.

GESTIÓN FINANCIERA COMO LA DE "CONDE ROA"

   Un paso más allá, el portavoz socialista, Paco Reyes, ha sugerido que Compostela Aberta intenta centrar el debate en las sentencias de mandatos anteriores para tapar "una mala gestión" financiera, que ha comparado con la del exalcalde popular Gerardo Conde Roa. También Rubén Cela (BNG) ha recurrido a la misma comparación antes de reprobar los mecanismos usados para la amortización de deuda.

   "Para ustedes el pleno iba de que no pueden gestionar porque los 30 años de otros gobiernos lo impiden, pero su incapacidad para ejecutar el presupuesto no tiene nada que ver con las sentencias", ha advertido Reyes, quien ha avisado al regidor, Martiño Noriega, y a su equipo, de que ellos también tendrán "sentencias contrarias".

   A modo de ejemplo, al igual que otros portavoces, ha subrayado que la "interpretación para el precio del gasóleo" (que se cuestiona en la sentencia relativa a la liquidación del transporte urbano del año 2008) es "la misma" que hace el actual gobierno local.

   Además, ha avisado de que uno de los expedientes de modificación de crédito está cuestionado formalmente en un informe de la Intervención Municipal. "Me gustaría que se pronunciasen los habilitados nacionales del pleno, el secretario y la intervención", ha demandado, aunque dicho pronunciamiento no llegó a producirse.

"LOS DOS INFORMES SON FAVORABLES"

   Antes de la votación, ha tomado la palabra el alcalde, Martiño Noriega, quien ha censurado que se busque suscitar "sombras" sobre dos expedientes que informados "favorablemente" por la Intervención y, en la línea de María Rozas, ha reconocido que, si bien el procedimiento pudo "no ser el más adecuado en tiempo", hay que poner el foco "en lo relevante".

   Y "lo relevante", ha continuado Noriega, es que las sentencias judiciales costarán a las arcas del ayuntamiento una elevada "cantidad". "Ustedes entienden que las sentencias son una coartada política, pero no dejan de ser una carga financiera, y la cuantía no es una broma; si es una cortina de humo, deberíamos buscar otra", ha ironizado.

   En cuanto a la postura de Reyes, que urgió a pagar la totalidad de la sentencia del parque de bomberos y sugirió que se autoriza un abono "parcial" para contar con "otra coartada" ante una eventual nueva modificación de crédito, el alcalde ha censurado que al PSOE le entre ahora "la prisa por pagarlo todo".

   "Pero no les entró en 2008, de cuando procede. Y esto no lo paga Compostela Aberta, lo paga la gente", ha advertido.

   Tras el pleno, Paco Reyes ha censurado que Noriega no diera la palabra a los funcionarios de secretaría e intervención para pronunciarse sobre los "problemas de forma" de uno de los expedientes. "Es la primera vez que un portavoz de un grupo de la oposición pide una aclaración a los habilitados nacionales y el alcalde no les da la palabra", ha afeado.