El PP tumba mociones de la oposición sobre transporte y desvincula a la Xunta de la sentencia contra Monbus y Alsa

Ríos (BNG) denuncia el "capitalismo de amiguetes" y Balseiro (PP) niega que la justicia cuestione el plan de transporte público

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

El PPdeG ha tumbado este martes dos mociones presentadas por el BNG y el PSdeG, respectivamente, y ha defendido los contratos vinculados al plan de transporte público de la Xunta. A este respecto, ha desvinculado al Gobierno autonómico de la sentencia del Tribunal Supremo contra Monbus y Alsa por reparto de mercado en Galicia porque es, según palabras del popular José Manuel Balseiro, "una cuestión mercantil".

Una de las iniciativas debatidas en el pleno de este martes la ha defendido el diputado del BNG Paulo Ríos, quien ha recordado este procedimiento judicial que ordenó a la Comisión Galega da Competencia que abriese una investigación contra estas empresas. También se ha referido el nacionalista al informe del Consello de Contas con reproches a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade por su plan de transporte.

Además, ha mencionado en el hemiciclo que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago abrió en abril diligencias previas por una denuncia por prevaricación contra el director xeral de Mobilidade de la Xunta, Ignacio Maestro, que puso la Asociación Empresarial de Transportes de Viaxeiros de Galicia (Galibus).

En este contexto, la moción del BNG --rechazada por la mayoría absoluta del PP-- instaba al Gobierno gallego a "hacer cumplir" los contratos públicos de transportes, a trasladar a la Cámara los expedientes sancionadores entre los años 2021 y 2023 y la flota de vehículos que están ligadas a los lotes de contratación, entre otros datos.

La iniciativa también ha contado con el 'sí' del PSdeG. La socialista Patricia Otero ha calificado de "increíble" que haya que traer al Legislativo una moción para instar a la Xunta a "pedirle a las empresas adjudicatarias que cumplan los contratos firmados".

Frente a las críticas de la oposición, el diputado del PPdeG José Manuel Balseiro ha afirmado que "no existe ninguna sentencia que cuestione el plan de transporte público de la Xunta". De hecho, "de los 40 contenciosos que se presentaron, los 40 fueron resueltos a favor" del Gobierno gallego.

Por ello, Balseiro ha acusado al nacionalista de "mentir" y, seguidamente, ha restringido a "una cuestión mercantil, de competencia entre empresas", el fallo del Supremo contra Alsa y Monbus.

En su última intervención, Ríos (BNG) ha lamentado que los populares respondan con "medias verdades" y ha acusado a la Xunta de acometer una "necesaria colaboración" para "autorizar un reparto del mercado" entre Monbus y Alsa. "Es el capitalismo de amiguetes", ha ironizado.

TRANSPORTE ESCOLAR

También ha quedado rechazada una moción del Grupo Socialista que pedía a la Xunta exigir el cumplimiento de los contratos de transporte escolar y poner las sanciones pertinentes. La diputada del PSdeG Noelia Otero ha negado que las registradas en lo que va de curso sean "incidencias puntuales", tal y como dijo en el pasado pleno el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

La diputada socialista ha mencionado varias problemas denunciadas por usuarios y familias, como niños que tienen que ir en el bus de pie, sin cinturón y sin cuidador, para insistir en que "no son desajustes puntuales". Son, ha añadido, "problemas que se pueden arreglar exigiendo que se cumplan los contratos".

En similares términos, María Cristina Fernández Davila (BNG) ha afeado las palabras del conselleiro y le ha recordado que las personas que hay detrás de cada incidencia "no son datos o estadísticas", porque "hay niños y sus preocupadas familias".

Ante los "previsibles" discursos de la oposición, la diputada del PPdeG Marisol Díaz ha recalcado que "es normal que haya desajustes" en el servicio por la "gran maquinaria" que se activa al inicio de curso. Con todo, ha asegurado que "todos esos casos" que denuncian BNG y PSdeG "interesan y preocupan a la Xunta" y, de tal forma, son evaluados "de acuerdo a la normativa y al procedimiento". "La Administración tiene que encajar esas reclamaciones con la legalidad de los contratos", ha añadido.

Así, Díaz ha ofrecido datos de que, desde el año 2020, se abrieron más de 700 expedientes sancionadores desde la Administración, con 400 sanciones firmes hasta el momento.